El informe DR5-DPM-0064-2018 de la Contraloría General del Estado (CGE) estableció glosas por $ 2’203.507,84 en contra del actual prefecto de Manabí Mariano Zambrano Segovia.

Además dictó sanciones administrativas por $ 167.433, once sanciones de destitución y responsabilidad penal tanto para el dignatario como para funcionarios.

El examen especial fue aprobado el viernes pasado tras cumplir con los procedimientos legales. Así, observa al menos 21 ítems a los precontratos y contratos efectuados en los últimos cuatro años por la Prefectura de Manabí, liderada por Mariano Zambrano Segovia.

Se denominó “Examen especial de ingeniería a los estudios y procesos precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varios proyectos de inversión de obra pública y ejecutados por contratación y administración directa en el sector de la Manga del Cura, en el Gobierno Provincial de Manabí y entidades relacionadas” entre el 1 de agosto de 2014 al 30 de noviembre de 2017.

Este es uno de los informes de un conjunto de exámenes en Manabí, explicó el contralor Pablo Celi y añadió que es parte de un programa de auditoría integral a los proyectos que se ejecutan en esa provincia.

“En este examen se han evidenciado algunas irregularidades contractuales en lo que tiene que ver con el incumplimiento de plazos, estudios técnicos inexistentes, incumplimiento de un conjunto de requerimientos legales para esa contratación”.

El informe que establece indicios de responsabilidad penal ya fue remitido a la Fiscalía General del Estado, dijo Celi. “Es una predeterminación que está sujeta a las contestaciones y descargos que puedan dar las autoridades (Prefecto y funcionarios) en los próximos 30 días”, explicó.

De reiterarse la sanción de destitución el siguiente paso en el proceso será notificar a las autoridades correspondientes y al Consejo Provincial para proceder.

Principales hallazgos

El informe de Contraloría contiene 29 recomendaciones. Entre los principales hallazgos consta, por ejemplo, que “El Prefecto de Manabí contrató a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye para que realice trabajos que ya habían sido ejecutados y cancelados, ocasionando pagos a favor de la Empresa por $ 763.123,01”.

Estableció que los miembros de la Comisión Técnica del proceso LCC-GPM-007-2015 no analizaron adecuadamente las ofertas presentadas. Calificaron una de ellas pese a que el oferente incumplió con los pliegos.

En el caso de la “Rehabilitación de la vía Ayacucho-La Unión tramo 1 de la parroquia La Unión del Cantón Santa Ana”, se hizo la contratación luego de invitar oficialmente al contratista, por ende, antes de la adjudicación correspondiente, por lo que no hubo transparencia en el proceso.

Además, en el contrato para la “Rehabilitación de la vía Ayacucho-La Unión tramo 1”, se detectó que se suscribió por precio global, sin incluir una tabla desglosada de las cantidades y precios de los rubros a ejecutarse en la obra. Así, no fue posible conocer los parámetros, características y cantidades de los rubros a ejecutarse en el contrato.

Se contrataron proyectos con errores en la cuantificación de cantidades y omisiones en los estudios, sin los requerimientos técnicos en todas las especialidades de la ingeniería. Esto provocó que durante la construcción se produzcan variaciones sustanciales en las cantidades de obra, lo que conllevó al aumento de plazos y costos.

En cuanto al contrato para la ampliación de la vía Santa Ana-Olmedo, la Empresa Pública Manabí Construye “subcontrató a dos empresas por $ 4’583.761,83. Esta suma representó el 40,22% del contrato 2 suscrito por la Prefectura de Manabí, para la rehabilitación de dicha vía, lo que hizo que el porcentaje de subcontratación supere el 30% establecido en la ley”.

También se detectó que Manabí Construye pagó para la ejecución de varios rubros de la vía Santa Ana-Olmedo precios superiores a los que contrató con la Prefectura, lo que generó que se beneficie y pague injustificadamente a la Constructora Ciudad Rodrigo S.A. la suma de $ 203.323.

Se detectaron rubros cancelados sin que se evidencie su ejecución, con errores de cálculo y sin documentos de respaldo en el contrato para la construcción de estructura de pavimento, obras de drenaje y protección de tramos de la vía Santa Ana-Olmedo.

El Fiscalizador del contrato aprobó las planillas con errores. Esto hizo que se desembolsen injustificadamente $ 220.543,48, por el transporte de material granular de mejoramiento y $ 9.585,35 porque consideró un factor del 30% por esponjamiento del material transportado para varios tramos de la vía Santa Ana-Olmedo, sin que se evidencie que este factor debía ser reconocido.

Responsabilidades

Según la auditoría, se advierte que el Prefecto de Manabí, el Jefe de Diseños y Presupuestos, los Fiscalizadores y Administradores de los contratos analizados no cumplieron con seis de las 16 recomendaciones que constan en el informe DR5-DPM-APyA-0022-2015.

Ese desacato ocasionó que las deficiencias reveladas en el mismo se mantengan hasta el 30 de noviembre de 2017, fecha de corte de la presente acción de control.

Ocurrió esto pese a que el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría estipula que las recomendaciones son de aplicación inmediata y obligatoria.

Tales anomalías producto de acciones u omisiones ocasionaron que no haya transparencia y no se respete el principio de legalidad en la adjudicación de proyectos; que se paguen montos superiores en desmedro de fondos públicos; que se inobserven especificaciones técnicas; que no se ejecute el cobro de multas por incumplimientos a las compañías contratadas; y que no hubo congruencia y respeto a las cláusulas contractuales, lo que originó incertidumbre en el pago y amortización de anticipos.

A manera de descargo, Zambrano le indicó a la Contraloría que, por ejemplo, no cabe la figura de pago indebido del contrato para la rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica y señalización para la vía El Paraíso, La 14, El Pintado, de El Carmen, al autorizar el pago del anticipo y planilla, puesto que la obra se ejecutó.

El Prefecto y los otros funcionarios implicados en la auditoría coincidieron en argumentar ante la Contraloría que las obras se ejecutaron conforme a la especificación técnica y que están prestando servicio a la comunidad.

La viceprefecta Clara Zambrano indicó que hasta las 16:30 de este lunes no había llegado a la Prefectura ningún informe de CGE y que además este organismo no podría destituir al prefecto.

La viceprefecta señaló que en caso de que la CGE determine alguna predeterminación de presunta irresponsabilidad, en este caso la empresa Manabí Construye que ejecuta las obras de la Prefectura tendrá el tiempo que determine la ley para hacer los descargos que se señalarían en los informes.

"Dependiendo del tema y caso que se vaya a tratar tienen 60 a 90 días para poder entrar en todo lo que es la defensa y poder presentar todas las pruebas que el examen así amerite", declaró la segunda al mando de la prefectura de Manabí.

Clara Zambrano presidió la sesión de este día, debido a que Mariano Zambrano se encuentra en el exterior en una licencia que solicitó para estar junto a su hermana que se realizó un trasplante de médula. Este miércoles retornará a Ecuador.

Agregó Clara Zambrano que estas denuncias y anuncios se realizan en un año político. "En cuestiones administrativas siempre habrán ciertas observaciones, ninguna entidad o persona nos vamos a equivocar, pero nunca podrán decir que el Gobierno Provincial de Manabí ha hecho una obra que se la ha pagado sin haberla hecho"; sostuvo. (I)

La auditoría
¿Cuáles son las anomalías?
Contraloría detectó 15 anomalías en los precontratos y contratos de la Prefectura de Manabí, en los últimos cuatro años.
1.- El contrato para la rehabilitación de la vía Ayacucho-La Unión, tramo 1, fue suscrito por precio global.

Contratos y multas
2.- Incumplimiento de términos contractuales referentes a pagos.
3.- En el contrato para la construcción del parque educativo vial para Portoviejo, no se aplicó la multa por el total de días de retraso.

Aplazamientos y falencias
4.- El material no cumple con espesores de la estructura de las capas de rodadura, errores en los estudios.
5.- Actas entrega-recepción incompletas.
6.- Información relevante no subida en el Portal de Compras Públicas.

Subcontratos fuera de la ley
7.- Prefectura incumple los requisitos para ejecutar los proyectos mediante modalidad de “Administración Directa’”
8.- En el convenio para ampliación de la vía Santa Ana-Olmedo se subcontrató por un porcentaje mayor al permitido por la ley.

Inconsistencias y pagos
9.-  Presupuesto referencial del proceso L1CO-EPMC-001-2016 tiene inconsistencias.
10.-  Pagos superiores para la ejecución de varios rubros de la vía Santa Ana-Olmedo.
11.- Contradicción cláusulas contractuales.

Retrasos, cálculos y plazos
12.- Pagos sin la evidencia de ejecución, con errores de cálculo y sin documentos.
13.- Retraso en la entrega de varias obras.
14.- Contratos adjudicados fuera de plazo.
15.- Nombramientos arbitrarios de técnicos.