Trece años han pasado desde que Mariano Zambrano Segovia asumió la administración de la provincia como Prefecto de Manabí. En 2005, en campaña, ofreció donar su sueldo y desarrollar la agroindustria. Su eslogan fue: “Más vías, más empleo, menos pobreza”.

La población manabita rural, 13 años después sigue a la espera de vías, empleo y apoyo a proyectos para afrontar la pobreza.

Lo que sí ha ocurrido en la gestión de Zambrano es que muchos profesionales de la ingeniería civil y los constructores han emigrado de la provincia ante la falta de empleo y oportunidades. Zambrano incumplió la oferta de generar 100.000 plazas de trabajo.

Hay un secreto a voces: durante la administración del Prefecto, los contratistas del Consejo Provincial han sido un círculo muy cerrado.

El informe de auditoría aprobado por Contraloría el viernes pasado ha causado sorpresa entre los manabitas y ecuatorianos, ya que en época del contralor Carlos Pólit nunca se detectó nada, tal vez por su amistad con Zambrano.

Esa amistad llegó a tal punto que su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, era huésped en una lujosa suite que Pólit tenía en Quito, en donde la Fiscalía, el 2 de junio de 2017, realizó el allanamiento en torno a las investigaciones por el caso de corrupción con Odebrecht.

Con Pólit no había observaciones de Contraloría a los contratos de la Prefectura de Manabí. Por ello, todos los exámenes practicados en esa época deberían ser nulos, por el conflicto de intereses.

Muy conocido es que la Prefectura licitaba obras que ya estaban construidas, o que se ocupaba maquinaria del Consejo en obras entregadas a ciertos contratistas privados.

También se sabía que la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye se creó con fondos y maquinaria del Gobierno Provincial de Manabí (GPM), que se ha convertido en tercerizadora de la construcción de obras de la Prefectura y en un monopolio con competencia desleal.

El pueblo local no se explica cómo en la última década han aparecido tantos nuevos ricos contratistas del GPM y el porqué de la mala calidad de las obras.

La provincia ha sufrido durante 13 años un desmantelamiento total de sus organismos de desarrollo, entre ellos, la desaparición de la Junta de Recursos Hidráulicos del sur de Manabí; del Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM); del Centro de Desarrollo del Norte de Manabí (Cedem); de la Empresa Eléctrica de Manabí (Emelmanabí); el cierre del aeropuerto Reales Tamarindos de Portoviejo y la no construcción del Puerto de Aguas Profundas de Manta.

Todo esto con el silencio cómplice y sepulcral del funcionario, quien  jamás reclamó al gobierno de Rafael Correa para no poner en juego sus grandes intereses personales, por ser contratista del Estado, específicamente de los Sectores Estratégicos, entonces  representados por Jorge Glas Espinel. Esto lo comprometía a ser obsecuente con ese régimen. (O)