Las contrataciones que realizó el Instituto de la Democracia desde enero de 2016 hasta agosto de 2018 fueron irregulares y no estuvieron sustentadas técnicamente.

Así lo determinó el último borrador del examen especial de la Contraloría a las operaciones administrativas y financieras de ese instituto, que es el brazo académico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En ese lapso se analizaron al menos 25 procesos contractuales con un valor de $ 199.080.  

La Contraloría detectó en ese informe borrador que esas irregularidades se cometieron, en su mayoría, en la administración de Mónica Banegas. Ella fue directora de la institución entre el 6 de diciembre de 2017 y el 6 agosto de 2018.

El documento evidenció que hubo contratos que se realizaron con los mismos proveedores. También se efectuaron eventos públicos que no estaban en el Plan Anual de Contratación.

Por ejemplo, para la adquisición de materiales para dos videos de 15 minutos, cada uno, sobre el “acoso político” y “voto en casa”, por un monto de $ 23.028, no hubo estudios sobre sus alcances. El contrato, además, tampoco contó con términos de referencia.

Según la Contraloría, también se registraron anomalías en el instituto bajo la actual administración, de Diego Zambrano.

En junio de 2018, se realizó un taller sobre la inscripción de candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana. El examen borrador estableció que ese contrato no fue debidamente justificado.

El viernes 8 de febrero, mientras tanto, el ministro de Ambiente, Marcelo Mata, entregó un pedido al contralor subrogante, Pablo Celi, para que inicie un examen especial a la gestión del Programa Socio Bosque desde 2012.

“Hemos encontrado una serie de problemas respecto al manejo financiero y el control del cumplimiento en los convenios vigentes”, subrayó.

El Programa Socio Bosque lleva 10 años en ejecución y en ese lapso el gobierno invirtió $ 81 millones. (I)