El contralor del Estado, Pablo Celi, y el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Germán Rodas, firmaron este jueves 6 de junio, un convenio de cooperación que contempla acciones coordinadas en seis campos. 

- Procesamiento de denuncias.
- Acciones preventivas.
- Identificación y promoción de buenas prácticas en la administración pública.
- Cooperación e interacción con las instituciones de Estado, mediante la acción concurrente de la Contraloría y la Comisión Anticorrupción para acompañar la gestión de los funcionarios, promoviendo que se ajuste a la norma y a los procedimientos administrativos correctos.
- Desarrollar sistemas de capacitación para promover los principios éticos necesarios para la reinstitucionalización del país.
- Organizar iniciativas de participación ciudadana en todas las provincias del país, que perfeccionarán el control público.

Además, este convenio tiene como objetivo fortalecer el trabajo que desarrollan ambas instancias en el marco de la prevención y lucha contra los actos que lesionan los
recursos públicos.

Así se coordinarán acciones para la recepción, trámite y seguimiento de las denuncias entregadas a la Contraloría. También impulsará el diseño de un plan de acciones prioritarias y sus resultados serán evaluados trimestralmente.

Celi indicó que esto permitirá desarrollar “un gran sistema nacional que garantice e institucionalice la integridad en la gestión pública y la lucha organizada del Estado y la sociedad contra las conductas anómalas”.

De su parte, Germán Rodas destacó la apertura que ha mostrado la Contraloría al escrutinio ciudadano. Indicó que es “necesario que contraloría social y contraloría pública vayan de la mano en la lucha contra la corrupción”.

Señaló también que la Comisión Anticorrupción “continuará actuando para impedir que la corrupción siga siendo el elemento fundamental de la vida nacional”.

Este acuerdo, que tendrá una duración de dos años, forma parte de la estrategia de fortalecimiento institucional que lleva adelante la Contraloría, en la cual se ha definido a
la participación ciudadana como un pilar fundamental para precautelar el buen uso de los recursos públicos. (I)