El contralor subrogante Pablo Celi remitió a la Asamblea Nacional la resolución en la que confirma las sanciones administrativas de multa y destitución de Jorge G. en la adjudicación del bloque petrolero Singue, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, "adopte las decisiones pertinentes".

A través de una carta con fecha de 30 de octubre, dirigida al titular del Legislativo, José Serrano, el contralor detalla los argumentos bajo los cuales el pasado viernes se notificó al segundo mandatario sobre su destitución como ministro coordinador de Recursos Estratégicos, además de una multa de $ 5.840 -equivalente a 20 Salarios Básicos Unificados (SBU)- tras detectar una responsabilidad administrativa culposa.

Si bien esa adjudicación se cumplió cuando Jorge G. se desempeñó como ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Celi advirtió que la Contraloría cuenta con siete años para analizar el uso de los recursos públicos e imponer las sanciones correspondientes.

En la carta, el contralor también acudió al artículo 233 de la Constitución, el cual señala que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo de administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Con estos antecedentes, Celi solicitó que la Asamblea Nacional, en el ámbito de sus competencias, tome las medidas del caso.

"Es necesario, señor Presidente, que la Asamblea tenga en consideración que las sanciones, en este caso de multa, destitución derivadas de un proceso de control de recursos públicos, son diferentes de aquellas resultantes de la aplicación del régimen disciplinario que prevé la Ley Orgánica del Servicio Público; así como también de las que, por responsabilidad política señala el art. 129 de la Constitución (…)", indica el documento.

El segundo mandatario se encuentra en la Cárcel N°4, al norte de Quito, mientras se cumple el proceso legal dentro del caso Odebrecht. 

REVISE EL DOCUMENTO

Glosas por $ 80 millones

El año pasado la Contraloría General del Estado examinó el proceso de indemnización que hizo el Estado a a la empresa EDC Ecuador, hecho ocurrido en 2010.
En aquel entonces entraron en vigencia las reformas a la Ley de Hidrocarburos, por lo que las autoridades iniciaron los contactos con EDC Ecuador, a cargo del manejo del bloque 3. El objetivo era pasar a una figura de prestación de servicios. La compañía no mostró interés, de modo que el grupo negociador recomendó la terminación unilateral del contrato, la fijación de la liquidación y su forma de pago.

Para determinar el valor de los activos se suscribió un contrato con la consultora Gaffney, Cline & Asociates Inc. (GCA), la cual recomendó subdividir la oferta económica en dos: $ 49 millones para EDC Ecuador y $ 31 para Machala Power (MPC). La Contraloría observó que el Secretario de Hidrocarburos no emitió una norma que regulara el procedimiento para la liquidación, como lo ordenaba la Ley de Hidrocarburos.

Según el informe de Contraloría no se evidenciaron los parámetros y cálculos realizados para establecer el valor de la liquidación. Tampoco encontraron documentación sobre la conformación y participación de comisiones de negociación durante el proceso de terminación y liquidación del contrato. No se evidenció si hubo una negociación por parte del Estado y de MachalaPower.

Ante ello la Contraloría impuso dos glosas, una por $ 49 millones y otra por $ 31 millones, lo que suma $ 80 millones.

Entre los funcionarios involucrados consta el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge G. (I)