Su extinción o poner límites a sus ámbitos de acción. Así se plantea la disyuntiva sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creado como poder del Estado, durante el período correísta.

El debate se produce por el antecedente de que, en el anterior gobierno, el organismo fue cuestionado por su escasa labor de investigar hechos de corrupción.

A ello se suma, que candidatos considerados afines al correísmo propusieron en su campaña para estas elecciones investigar lo actuado por el Consejo Transitorio, pese a que la consulta popular de 2018 le otorgó facultades extraordinarias.

Con el 98% de actas escrutadas, hasta el mediodía de este martes 26 de marzo, se perfilan como nuevos consejeros José Carlos Tuárez, Christian Antonio Cruz, Walter Gómez, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Victoria Desintonio y Rosa Chalá.

Para Harry Darquea, consultor político, un camino factible es la eliminación del organismo, sea vía consulta o con una enmienda en la Constitución.

“El camino sería la consulta, algunos constitucionalistas sugieren que se haga mediante iniciativa ciudadana con recolección de firmas, otros proponen un proceso a través del Consejo Nacional Electoral. Estamos en un país que no arregla sus formas constitucionales, porque se oponen leyes entre sí”, sostiene.

No obstante, reitera que si bien el procedimiento no es claro, los ecuatorianos son quienes deben definir si desaparece o continúa.

Para Gustavo Isch, analista y docente universitario, el camino es más intrincado. “Hay dos opciones: limitar sus funciones, para lo cual se debe buscar una reforma a sus atribuciones, sobre todo porque el Consejo no puede seguir nombrando autoridades de control”.

La otra opción, es decir una eliminación, se divide en tres caminos: una consulta popular, convocada desde la sociedad civil, otra impulsada por el Presidente de la República y una tercera con una reforma desde la Asamblea Nacional.

“Los tres caminos son complicados, el nuevo Consejo puede estar ocho meses o un año, en vista de que ese sea el tiempo que se pueda tomar una solución”.

No obstante, espera que los nuevos consejeros no operen para generar ingobernabilidad, es decir, que no revisen lo actuado por el transitorio que tuvo atribuciones especiales, dadas por la consulta de 2018.

Caso contrario, generará un nivel alto de conflictividad e inevitablemente se buscará el camino para su eliminación.

En cambio Marlon Orbea, analista político, se inclina por una reforma para limitar sus funciones. “No creo que la esfera política vea la necesidad de suprimirla más allá de que sea buena o mala, porque estamos abocados a velar por la institucionalidad”.

Mientras el debate continúa, la bancada legislativa de SUMA propuso una reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo. (I)