Julian Assange ha permanecido siete años en la Embajada ecuatoriana en Londres. En este período se ha destinado un millón de dólares anuales para su protección, así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia.

En estos años, el director de WikiLeaks también usó la sede diplomática para articular sus intervenciones en política de varios países. Dos ejemplos: España y Estados Unidos.

Estas acciones fueron rechazadas por el Gobierno, el cual pidió que respetara las condiciones del asilo y la norma de no intervención en su calidad de refugiado.

En octubre pasado, dos caminos fueron presentados. El primero, que salga de la Embajada y se entregue a la justicia británica, bajo las garantías de que no podría ser detenido por más de seis meses y que no será extraditado a ningún país, incluso a Estados Unidos.

La segunda opción, en cambio, era de que permanezca en la Embajada en Londres, pero que se someta a un protocolo de convivencia que norma su higiene, comunicaciones y visitas.

Ambas alternativas fueron informadas por el Estado ecuatoriano a Assange y sus abogados. Y desde ese mes escogieron el segundo camino. Sin embargo, la defensa del australiano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revoque ese protocolo.

Según ellos, esos códigos para regular las visitas, sus gastos médicos y facturas y el cuidado de su mascota fueron una violación a sus derechos humanos.

La CIDH negó su pedido y enfatizó que la solicitud planteada por Assange no cumplió con los requisitos de “gravedad, urgencia y daño irreparable” que están contemplados en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana.

El ministro Valencia destacó el pronunciamiento de la CIDH y sostuvo que este protocolo se mantiene en firme. Por eso, recalcó que Ecuador tomará una decisión en caso de que sea violado, de acuerdo con los tratados internacionales que rigen la figura del asilo político. (I)