Durante la tarde del jueves 18 de junio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionó con la presencia de los cuatro consejeros de mayoría: Walter Gómez, Rosa Chalá, José Tuárez y Victoria Desintonio.

En el Pleno se dio lectura a las medidas cautelares solicitadas por Ramiro García y de los asambleístas Fabricio Villamar y Rosa Verdezoto.

Por unanimidad se voto por retirar la moción de conformar una comisión que revisaría el proceso administrativo de selección de los jueces de la Corte Constitucional (CC) y la elección del Defensor Público.

La consejera Desintonio solicitó la revocatoria de las medidas y aseguró que el organismo actuó bajo la ley, puesto que no se creó en ningún momento dicha comisión, ya que no hubo ningún acto administrativo.

Para Tuárez, las medidas emitidas son un acto de acoso a la labor que realiza el Consejo, mientras que Gómez dijo que en ningún momento se intentó desetabailizar al país y que incluso cuentan con un documento de la CC que indica que no cometieron ninguna infracción.

De igual manera, se dio lectura al informe jurídico del Consejo donde se señaló que existió irregularidades en la designación del actual Defensor Público (e) Ángel Torres.

Sobre los distintos procesos, entre ellos denuncias penales y juicios políticos, en contra de Tuárez y los consejeros de mayoría, el titular de l CPCCS comentó que no se permite trabajar al Consejo. (I)