La Comisión Ocasional que trabaja en la reforma del Consejo de Participación extendió su cronograma de trabajo hasta diciembre de 2019. La decisión se tomó para procurar un consenso sobre los mecanismos de selección para escoger al Contralor y al Fiscal General.

En este tema, la asambleísta de la ID, Wilma Andrade, dijo que hay dos propuestas en la mesa: una que impulsa que las nuevas autoridades de control sean electas a través de una comisión técnica, conformada por delegados de las funciones del Estado, tres de la academia y por cinco ciudadanos.

Estos a su vez provendrían de un concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana. El segundo planteamiento es que la tarea esté a cargo de una comisión multipartidista de la Asamblea.

El legislador Héctor Muñoz, de SUMA, manifestó su desacuerdo con la vinculación de la academia como parte de las comisiones evaluadoras del concurso. “Me parece que la academia es fundamental para construcciones de leyes, pero no debe tener injerencia en elecciones de autoridades de control porque la politizaríamos”, dijo Muñoz.

Adicionalmente, la Comisión Ocasional aprobó en la sesión la propuesta referente a la nueva asignación de los recursos para los gobiernos provinciales.

La iniciativa de la asambleísta Jeannine Cruz, de CREO, abre la posibilidad de consolidar los presupuestos para las prefecturas en favor de la vialidad rural. Ella explicó que se modificaría el artículo 272 de la Constitución, para que se considere el kilometraje rural para la asignación y distribución de presupuestos. Además, dijo que esta propuesta no afectaría a los gobiernos municipales.

Sobre esta iniciativa, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) advirtió que añadir un criterio al artículo 272 de la Carta Magna “pondría en riesgo la equidad de la asignación presupuestaria prevista en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)”. (I)