La formación, el derecho a la huelga, escalafones, permisos por maternidad y paternidad son, entre otros, los temas que sectores sociales y gremiales y autoridades laborales consideran que deberán incluirse en el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que está en manos de la Comisión de Derecho de los trabajadores de la Asamblea Nacional.

Los legisladores de esta mesa comenzaron hace más de 2 semanas un proceso de audiencias y recepción de las inquietudes de grupos como la Central Única de Trabajadores (CUT), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Consejo Nacional de Servidores Públicos (Conasep), asambleístas, ministros del sector laboral, entre otros. Cada uno con sus propuestas para que esta normativa esté acorde con la enmienda constitucional.

Para Fausto Cayambe, miembro de la comisión, han sido varias las preocupaciones y planteamientos, entre ellas, el régimen contractual en el servicio público, en que se mantiene el contrato de servicios ocasionales, pero se propone otro tipo de contrato.

Otro tema ha sido el esquema salarial, la necesidad de regular una política para que no existan brechas entre servidores públicos antiguos y nuevos, otro tema es cómo se viabiliza la sindicalización y el derecho a la huelga, como última herramienta para resolver conflictos, entre otras inquietudes.

“Aspiramos a empezar esta semana la sistematización de las propuestas y que a fines de febrero o primera semana de marzo tengamos listo un informe para primer debate.

Pablo Serrano, presidente del FUT, insistió en que los servidores públicos deben estar amparados en el Código de Trabajo, excepto quienes ocupan una dirección.

En las audiencias, el legislador Diego Vintimilla propuso que el permiso para atención médica a mujeres embarazadas sea de hasta 4 horas, según la circunstancia. En la licencia por paternidad propone 15 días antes de la posible fecha de parto o cesárea. (I)

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Ministro es partidario de incentivos

Figura de carrera busca mejorar el servicio público

La incorporación de mejoras que procuren  la formación y capacitación del servidor público para generar una especie de carrera, es la propuesta del ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Aráuz.

El funcionario considera que si se quiere fortalecer la excelencia en el servicio público y generar incentivos, es menester incorporar la figura de carrera, de ascenso y estabilidad para los servidores públicos, en el marco de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Indicó que pocas instituciones públicas conceden licencias, comisiones o ajustes de horarios para los servidores públicos para formarse, financiados incluso con recursos propios, para obtener una especialización, maestría o doctorado. De allí la necesidad de fortalecer el marco de protección para acceder a este beneficio.

Aráuz comparó con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que las consideró apropiadas; a su criterio respeta los derechos de los trabajadores. En los establecimientos particulares se mantienen las protecciones y derechos establecidos en el Código de Trabajo.

Reiteró que con el proyecto se desarrollarán las normas y disposiciones de las enmiendas constitucionales relativas a los derechos de los trabajadores del sector público, por lo que es oportuno que los servidores, funcionarios y demás trabajadores de las universidades públicas se sometan a lo que indican las reformas. (I)

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Código de trabajo sí lo establece

La Conasep pide no dar paso al visto bueno

Para el presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), Remigio Hurtado Chacón, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) contiene la base legal de este sector; con la enmienda los trabajadores son incluidos con derechos y atribuciones que tenían en el Código de Trabajo, pero con figuras como el visto bueno; “eso nos complica porque nosotros no tenemos eso”.

Tampoco es partidario de que el derecho a la huelga, que si bien es un logro para los servidores públicos, esté considerado como una última instancia y previo a una mediación laboral.

También quiere que en las reformas se incluyan o modifiquen determinados términos en los artículos que sean necesarios; uno de ello es la palabra ‘podrá’ que es más bien discrecional, y en su lugar se establezca un término imperativo, es decir, que en un articulado no se diga: ‘podrá dar permiso’,
sino ‘dará permiso’.

Otro punto de la Losep es que hay aspectos que se refieren a la capacitación del servidor público, pero no define con  qué frecuencia, ‘nosotros queremos que se diga por lo menos una vez al año’.

Otra reforma es que en una institución pública existan asociaciones o sindicatos (primer grado), el conjunto de asociaciones o sindicatos en una provincia sea una federación (segundo grado) y el grupo de federaciones provinciales sea una confederación nacional (tercer grado). (I)

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Congope suma sus propuestas

Igual salario para el Prefecto y el Viceprefecto

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) también presentó sus propuestas. El titular del organismo y prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, manifiesta que si bien es correcto que el techo salarial de estas autoridades no sea igual o superior a la del Presidente de la República, es necesario que se permita a estos entes tener la autonomía necesaria para su propia estructura salarial, de acuerdo con sus realidades económicas y características de cada provincia.

También propone que no debería existir diferencia alguna entre el salario del prefecto y del viceprefecto, ya que ambos cumplen funciones y competencias similares, de acuerdo con la Constitución. Aprovechó su presencia en la comisión para efectuar algunas observaciones a la norma vigente; es contrario a la imposibilidad que tienen los empleados bajo el esquema de contrato de efectuar sus estudios, pues este derecho solamente lo tienen quienes poseen un nombramiento y llevan más de un año dentro de una institución, lo cual “es injusto y rompe con la Constitución”.

Se mostró partidario a garantizar el derecho a la huelga de los servidores públicos. “Cuando se calificó la enmienda, se garantizaron derechos fundamentales como el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga, pero debe definirse un instrumento que les permita ejercer ese derecho sin lesionar los derechos de la Constitución”. (I)

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Asambleísta asistió a comisión

Reformas sobre derecho a la huelga y renuncia

El asambleísta Diego Vintimilla es partidario de eliminar la figura de la compra de renuncia obligatoria. Explicó que su proyecto fortalece la irrenunciabilidad de derechos, la protección judicial y administrativa de los trabajadores del sector público y la aplicación favorable de la norma.

Plantea que en casos de compra de renuncias, el funcionario que desea reingresar al sector público devuelva lo que recibió como parte de la compensación, menos su última remuneración, multiplicada por el número de meses que no prestó servicios; y que pueda ingresar por contrato ocasional.

Plantea un nuevo sindicalismo en el que se reconocen todas las formas de organización en la sociedad y, por tanto, pueda articular en distintos niveles para fortalecer el poder ciudadano en el colectivo de trabajadores.

Propone 8 casos para la posibilidad de declararse en huelga, las 2 primeras de carácter administrativo, además de 15 días como plazo para este ejercicio, posteriores a la entrada en vigencia de la medida.

Dentro de los mecanismos para solucionar conflictos, propone que en todos los casos donde se generen controversias laborales entre un servidor público y la institución o empresa en donde labora, se acuda a centros de mediación de la Función Judicial o Ministerio de Trabajo, para hallar una solución pacífica previo al inicio de cualquier acción tanto administrativa como judicial. (I)