La Comisión de Fiscalización se reúne este martes 6 de agosto de 2019 para analizar el informe final sobre el posible juicio político a los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  

Según el documento preliminar, los consejeros José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá incumplieron sus funciones constitucionales. Esta violación ocurrió presuntamente cuando intentaron revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio.

En el país está vigente una prohibición de la Corte Constitucional para revisar las decisiones del Consejo Transitorio. Esto incluye el proceso de selección de los jueces constitucionales.   

En ese análisis de Fiscalización, la actuación de Tuárez y los otros consejeros “no tuvo un sustento normativo y excedió  las limitaciones establecidas en la ley”.  Por eso, “lesionaron derechos, garantías y libertades y sus decisiones estaban direccionadas para satisfacer intereses particulares”.

Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, no descartó que en el análisis dentro de la mesa legislativa se incluyan otras causales. Para él, también pueden ser censurados por realizar actos de proselitismo político. Aunque esta  indagación solo incluye a Tuárez y Gómez.

La Comisión de Fiscalización no se ha salido de su cronograma de trabajo y aparentemente cumplirá con su propósito de cerrar su trabajo esta semana.

Según lo previsto, antes del feriado entregarán el informe al presidente César Litardo, para  que él convoque a la sesión del pleno.
Mientras esto ocurre en Fiscalización, se seguirá el trámite del segundo pedido de juicio contra los consejeros Tuárez y Gómez.  

Este caso es impulsado por el legislador Raúl Tello, del Bloque de Acción Democrática Independiente. Este caso es por supuestamente negarse a entregar información a la Asamblea.

Según la planificación, esta semana finalizará el plazo para la recepción de pruebas y se prevé que entre el 11 y 15 de agosto de 2019 se presente el informe final. (I)