Tras ser condenado a 18 meses de prisión por injurias, el asambleísta Cléver Jiménez insiste en sus afirmaciones sobre lo ocurrido el 30-S a través de varias declaraciones.

El legislador acusó al presidente Rafael Correa de autosecuestrarse en aquella fecha y los jueces declararon la denuncia como temeraria. Ahora, en una entrevista a un portal electrónico culpa al Primer Mandatario de las muertes ocurridas ese día, en que se registró una sublevación policial. Y asegura que la bala que mató al policía Froilán Jiménez era de dotación militar.

Esas afirmaciones han causado molestia e indignación en los mandos militares. Algunos de ellos consultados por este diario, señalaron que el legislador “ya se pasa de la raya”. Por eso hablamos con la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa. Ella desmiente esa versión, a la cual califica de maliciosa. Y aclara que si el legislador tiene documentos que no le pertenecen nuevamente estaría incurriendo en un delito. Ella detecta dolo en las declaraciones del asambleísta.

El legislador Cléver Jiménez, en una entrevista, dice textualmente: “Los informes de las Fuerzas Armadas, de la Policía, determinan que quien dio la orden fue precisamente el Presidente. Las Fuerzas Armadas, que supuestamente lo rescataron el 30-S, determinan que quien dio la orden para el supuesto rescate fue Rafael Correa a través de la línea telefónica”. ¿En las Fuerzas Armadas hay esos informes y llegan a esa conclusión?

Primeramente hay que destacar la malicia, temeridad y completa irresponsabilidad con las que el asambleísta Jiménez realiza estas declaraciones. Sus expresiones denotan una intención deliberada de distorsionar los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, manchando la honra del Presidente de la República y de instituciones que cuentan con el apoyo de las y los ciudadanos, como es el caso de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Todos sabemos que lo que hubo en esa fecha sombría de la historia nacional fue un evidente intento de golpe de Estado y de ruptura del orden democrático. En esas circunstancias de grave conmoción, el Presidente decretó el estado de excepción y delegó al jefe del comando conjunto para que disponga las acciones necesarias que permitan rescatar al Jefe de Estado, secuestrado por miembros de la Policía Nacional que se habían insubordinado.

¿Hasta dónde se extendió la investigación dentro de las FF.AA. de modo que se pueda saber a ciencia cierta cómo ocurrió el rescate del presidente ese 30-S?

Prácticamente de manera inmediata. Una vez rescatado el señor Presidente y restablecido el orden, el Primer Mandatario dispuso que se prestasen todas las facilidades para que instancias como la Fiscalía realizaran las investigaciones correspondientes. De igual manera se lo hizo desde el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este último presentó un exhaustivo informe del operativo ejecutado el 30-S, y complementariamente se aportó a las diferentes indagaciones previas que abrió la Fiscalía, con videos, testimonios y demás documentos que dan cuenta del alcance que tuvo la intervención del personal militar. Además, y esto es muy importante resaltar, fruto de las investigaciones de las propias Fuerzas Armadas se iniciaron expedientes administrativos contra el personal militar que se había amotinado en la base aérea de Quito y en el sector de la Recoleta (Ministerio de Defensa), estableciéndose las respectivas sanciones, sin perjuicio de lo cual actualmente también se está juzgando su responsabilidad en el ámbito penal.

Además, para garantizar la transparencia de lo sucedido en el 30-S, el Gobierno Nacional conformó una comisión de investigación. Este, junto con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía y la administración de Justicia, son los espacios que dilucidarán la verdad histórica de los hechos.

Jiménez insiste en que ahí se cometió un delito de lesa humanidad. Esa afirmación involucra al personal y mandos de las FF.AA. ¿Hay una respuesta de los militares sobre esta afirmación?

Más que una respuesta, declaraciones malintencionadas y llenas de odio como las del asambleísta Jiménez lo que ameritan es un rechazo rotundo no solo de las Fuerzas Armadas, sino de todo el pueblo ecuatoriano, que fue víctima de los intentos golpistas de unos cuantos. Adicionalmente, hay que recordar que ya existe una sentencia que juzgó la acción de protección presentada por un grupo de asambleístas de oposición en octubre de 2010, donde con sobrada audacia se acusó al Gobierno Nacional de cometer un delito de lesa humanidad.

Frente a ello, la sentencia fue categórica al negar tal pretensión, señalando que en la operación de rescate del señor Presidente no se habían violentado derechos constitucionales, y que el gobierno y las FF.AA. actuaron en resguardo de la paz y seguridad de todos los ciudadanos.

Asimismo, el legislador mencionado señala que el presidente Correa es el responsable de las muertes, pero si las FF.AA. participaron en esa operación, ¿tienen algún grado de responsabilidad también?

Precisamente afirmaciones dolosas y sin ninguna clase de ética, como esta, son las que han conducido al asambleísta Jiménez a ser hoy en día un reo de la justicia. Acusar al Presidente, quien fue secuestrado  el 30-S, es como acusar a las palomas de disparar a las escopetas. Lo que se debe enfatizar es que las FF.AA. son una institución que protege los derechos, libertades y garantías de las y los ciudadanos y precisamente  el 30-S cumplieron con su misión constitucional, al estar en peligro dichos derechos por un evidente intento de golpe de Estado.

¿En los informes de las FF.AA. hay algún indicio que señale que efectivamente los militares entraron disparando al hospital de la Policía con lo cual se puso en grave riesgo la vida de niños, mujeres y personal médico?
Afortunadamente, no solo existen informes de las Fuerzas Armadas y de la propia Fiscalía, sino también varios medios visuales que registraron el momento en que ingresó el personal de FF.AA. al sitio del rescate al Presidente. En uno de ellos, un video presentado a la Fiscalía por las FF.AA. y el Ministerio de Defensa se aprecia claramente cuando el personal militar  arribaba a las instalaciones del Hospital de la Policía, sin efectuar disparo alguno. Se identifica, además, que desde los edificios contiguos donde se  parapetaba el personal policial, se abrió fuego a discreción contra el personal militar. Siendo esto tan evidente, lo único que explica las afirmaciones injuriosas del asambleísta Jiménez es la desfachatada intención de generar confusión en la opinión pública sobre lo ocurrido el 30-S y así afectar al bien ganado respaldo popular con que cuenta el Presidente y de paso mancillar el buen nombre de las Fuerzas Armadas.

¿Qué opinan los militares, el Ministerio de Defensa y el mismo Gobierno de esta afirmación del legislador Jiménez?: “Los documentos completamente reservados, y que están en nuestro poder, dicen que la bala que mata a Froilán Jiménez no es de dotación policial, sino militar. Cuando presenté la denuncia ante el fiscal Galo Chiriboga, dijo que la bala que mató a Jiménez era una bala policial y que iba dirigida al Presidente. ¿Los que querían matar al Presidente no eran los policías sino los militares? Cambiaría la dirección total de lo que pasó el 30-S”.

Lo que puedo decir es que se trata de una afirmación cargada de malicia y falsedad, ya que no existe documento alguno que concluya tal cosa. Hay que destacar que tanto las FF.AA. como la Policía contaban con municiones de similares características, y que hasta el momento no se ha podido establecer la procedencia del proyectil que mató a Froilán Jiménez.

Además, resulta  una burla lo que dice Jiménez, cuando afirma contar con documentos reservados, ya que estos por su propia naturaleza solo pueden estar bajo custodia de los funcionarios legalmente competentes, a menos que el legislador los haya sustraído, lo cual evidentemente constituiría un nuevo delito a su haber.