El pleno de la Asamblea Nacional instaló este miércoles 5 de junio del 2019 la sesión en la que se realiza el juicio político contra la exministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa.

La excanciller respondió sobre las supuestas irregularidades en el proceso de naturalización del principal de WikiLeaks, Julian Assange; sobre su rol en la crisis de la frontera norte en 2018; y la situación de los ecuatorianos que afrontan la crisis en Venezuela.

Este juicio político fue propuesto por Fernando Flores, Byron Suquilanda y Marcelo Simbaña de CREO; Cristina Reyes y Henry Cucalón del PSC; y, René Yandún del BIN, con el respaldo de 59 firmas de asambleístas pertenecientes a varios movimientos y partidos políticos representados en la Legislatura.

Los proponentes consideran que Espinosa incumplió sus funciones como ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el manejo de dichos temas.

En su intervención, a través de videoconferencia, la excanciller atribuyó el juicio en su contra a una "persecución política". En ese sentido hizo tres reflexiones introductorias. 

Espinosa se refirió, primero, a que la ética y la política deben juntarse por el bien común. "Les invito a que se pregunten en qué contribuyen el odio y la persecución a la ética política. ¿Este enjuiciamiento tiene como fin el bien común para la sociedad ecuatoriana?", cuestionó. 

"Este juicio responde a una revancha política contra una persona pública que ha representado al país en los más amplios espacios internacionales, con altura, sin ceder a presiones de ningún tipo, ni al chantaje de medios digitales", apuntó.

Espinosa señaló que su gestión como canciller estuvo siempre afincada en la Constitución, las leyes nacionales, el derecho internacional y plan de gobierno que ganó en 2017.

Como segundo punto, la excanciller hizo un llamado a los asambleístas para que su actuación respecto al juicio, se haga en base al análisis de las pruebas presentadas, "y no a motivaciones políticas e ideológicas". 

"El fin no puede justificar los medios, apoyar una censura estaría lejos de la ética política", subrayó. 

El tercer punto al que se refirió fue a la forma de hacer y entender la política. Mencionó que hay una fractura entre gobernantes, asambleístas y gobernados. "No es enjuiciando a la excanciller que la Asamblea reforzará su credibilidad", manifestó Espinosa. 

La exministra solicitó el archivo de este enjuiciamiento y dijo que el informe de la Comisión de Fiscalización está plagado de vacíos y contradicciones. 

Mencionó así, por ejemplo, que de las 2.778 hojas de pruebas ninguna recoge elementos probatorios de lo que se la acusa. Además, 711 no corresponden a su periodo de gestión. Incluso, que hay documentos solicitados a Cancillería, muchos mutilados, así como noticias de medios de prensa. 

Aseguró que sus argumentos no han sido tomados en cuenta y que el informe atenta contra su derecho al debido proceso. 

Respecto a la atención a los ecuatorianos residentes en Venezuela, la exministra señaló que fue siempre una prioridad, "para lo que asigné personal a través de las oficinas consulares". 

Sobre la crisis en la frontera norte en 2018, la exfuncionaria sostuvo que desde que conoció sobre el atentado en San Lorenzo mantuvo comunicación con su par de Colombia, María Ángela Holguín, "trasmitiendo la posición del Ecuador ante los hechos sucedidos y demandando la corresponsabilidad del Estado colombiano". 

Mencionó que el 14 de febrero de ese año se activó el mecanismo 3+2, luego de una reunión con autoridades del sector de seguridad de Ecuador y Colombia.

Señaló que se ejecutó más de 50 acciones frente a la situación de seguridad de la frontera norte y las relaciones con Colombia. 

"Un análisis imparcial concluiría que hubo gestión diligente, evidenciada en las acciones implementadas desde el inicio de la crisis en la zona fronteriza, misma que fue descrita en el informe presentado a la Comisión de Fiscalización". 

Sobre el otorgamiento de asilo político a Julian Assange y el mantenimiento de su condición de persona internacionalmente protegida, apuntó, "fueron decisiones soberanas del Estado Ecuatoriano". 

A continuación, los asambleístas interpelantes intervenieron. Cristina Reyes mocionó la censura de la excanciller. Además pidió que el expediente sea remitido a la Fiscalía y que la resolución de la Asamblea se notifique a la ONU. 

Reyes afirmó que Espinosa incumplió sus funciones al priorizar agendas ideológicas e intereses personales para promover su candidatura a la Presidencia de la Asamblea de la ONU.

Frente al secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio hubo inoperancia por parte del Estado ecuatoriano, particularmente de Espinosa.

 De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. (I)