El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS-Transitorio) recibió un mandato popular expreso, consistente en evaluar a las máximas autoridades de las entidades de control elegidas por el Consejo anterior, e incluso dar por terminados anticipadamente sus períodos y elegir a las autoridades definitivas.  

Esto por una sola razón: la sociedad necesitaba tener la certeza de que los actos de corrupción presumiblemente cometidos en la década anterior no quedaran en la impunidad, para lo cual se elegiría a “los mejores hombres y mujeres de la patria”, como lo dice Joan Paul Egred, un especialista en Derecho Procesal Penal.

Efectivamente, se escogió para esta tarea a Julio César Trujillo, que preside el Consejo Transitorio; y a los consejeros Miriam Félix López, Luis Hernández, Luis Macas, Xavier Zavala Egas, Pablo Dávila y Eduardo Mendoza Paladines.

Y como era de esperarse, Trujillo lanzó la frase que marcaría su tarea institucional: “Vamos a cumplir de la mejor manera las funciones especiales de la transición que nos delegó el pueblo en el referéndum”.

Tras 10 meses de trabajo, Hernández cree que se esforzaron por cumplir con lo que disponía el mandato. “Primero hubo un proceso de evaluación y el cese de autoridades que no pasaron esa valoración”.

Hernández explica que en una segunda fase se procedió a las designaciones de autoridades y que unas ya están concluidas y otras en trámite. Las candidaturas llegaron por concurso y otras por ternas enviadas por el Presidente de la República. “Hasta el final de nuestro mandato debemos cumplir con puntualidad la nueva institucionalidad”.

El trabajo concluirá entre abril-mayo del próximo año, pues en las elecciones seccionales previstas para el 24 de marzo de 2019, los ecuatorianos elegirán a los siete consejeros del CPCCS, que  serán posesionados en sus cargos.

Para Hernández, lo más difícil del mandato fue atender las expectativas de los ecuatorianos, como tener una institucionalidad más transparente, independiente y que atienda la lucha contra la corrupción en el país. Mas, “hemos ejercido un liderazgo colectivo, somos un equipo y al final seremos valorados por el pueblo ecuatoriano”.

Egred no le da un puntaje positivo a la gestión del Consejo Transitorio porque considera que su verdadero reto era elegir a autoridades definitivas mediante concursos públicos transparentes y sobre todo seleccionar a las personas más capacitadas en una determinada área del quehacer público. Además cuestiona el encargo a autoridades públicas porque a futuro pueden ser objeto de una declaratoria de nulidad. Y eso preocupa.

Sin embargo, el consejero Hernández aclara que se adoptó la figura del encargo porque no se podía al mismo tiempo evaluar, cesar y nombrar a la autoridad permanente. Admitió que hubo crisis al respecto, pero que luego se superó.

El especialista en Derecho Penal, Alfonso Zambrano Pasquel, califica de positivo el papel desempeñado por los miembros del Consejo Transitorio.

El organismo resultó legitimado por una consulta popular y fue acertada la designación de sus miembros que provenían de diferentes sectores del país.

Al interior hubo espacio, inclusive, para las discrepancias que son propias de un organismo o cuerpo colegiado, pero primó el interés superior del encargo. El exmagistrado recalca que falta mucho por hacer y que es poco el tiempo que le queda al organismo.

No obstante, para Zambrano queda pendiente la investigación de los sobreprecios en las megaobras contratadas mediante el pago de los sobornos, relacionadas con Odebrecht.

El Consejo Transitorio recibió en ocho meses 3.538 denuncias de supuesta corrupción. Los casos emblemáticos están por finalizar su indagación para enviarlos a Fiscalía.  

Zambrano sugiere que se analice la conveniencia de crear una Comisión Anticorrupción con Naciones Unidas, como lo hizo Guatemala. (I)