En Ecuador, un país de 17’096.789 millones de habitantes, la población de mujeres, gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad y de pueblos y nacionales indígenas aún es discriminada.

Para hacerle frente a esa realidad y garantizar los derechos de estos grupos, la Constitución de 2008 ordenó la creación de cinco Consejos para la Igualdad.

En ese año ya existían instancias que trabajaban por ese objetivo. Estas se fusionaron y tres: el Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), el de Discapacidades (Conadis) y de la Niñez y Adolescencia iniciaron una transición que duró seis años, tiempo que tardó el Legislativo en expedir una normativa para estos organismos.

Pasaron otros 24 meses para que la ley cuente con un reglamento que dio luz verde a su conformación.

Durante el tiempo que llevan en funciones, unos siete y otros tres años en curso, tres de los cinco organismos han elaborado una Agenda Nacional para la Igualdad, vigente hasta 2021. La más reciente es la de Género (presentada en noviembre de 2018).

El documento recoge la demanda de las mujeres y sobre la base de eso dicta lineamientos de política pública en varios ejes, uno de ellos es la violencia señala Paola Mera, secretaria técnica de ese Consejo. En esa línea, el organismo trabaja en la elaboración de la hoja de ruta para la implementación de las medidas administrativas de protección.

Mera, quien en 2005 ingresó como pasante al Conamu y está al frente del organismo desde hace 10 meses, especifica que los consejos no son entes ejecutores de política pública. Es decir, no son prestadores de servicios ni manejan proyectos.

Antes de 2008 esa institución sí tenía esas competencias recuerda Rocío Rosero, extitular del Conamu. Para ella existió un retroceso al quitarles a los consejos esa competencia. Con esto concuerda Aloida Borja, representante del pueblo afro.

Para Ángel Tipán, secretario del Consejo de los Pueblos y Nacionalidades, la facultad ejecutora no es una limitante. Si bien estas instancias no lideran proyectos, dan acompañamiento a las iniciativas que la gente presenta en sus oficinas. Este consejo, al igual que el de Movilidad Humana, no cuenta con una Agenda Nacional y su proceso de fusión aún no concluye.

El presupuesto estatal (2019) que maneja el organismo es de $ 1’100.000.

La cifra para el mismo periodo casi se duplica en el Consejo Intergeneracional (ver gráfico). Su secretario, Nicolás Reyes indica que la institución, desde que fue Consejo de la Niñez y Adolescencia, tuvo una buena ejecución presupuestaria. Eso ha hecho que la asignación de recursos logre sostenerse.

En 2018 ejecutaron el 99.4% de su presupuesto. Al presupuesto estatal se suma la colaboración internacional que cada consejo gestiona.

Durante el periodo enero - noviembre (2018) este consejo tramitó la atención de 84 casos de violación de derechos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

En la actualidad, todos los casos cuentan con medidas de protección encaminadas a precautelar los derechos de los grupos generacionales.

Mera, Reyes y Tatiana Rosero, secretaria del Conadis exponen que parte de su trabajo es elaborar insumos que evidencien la realidad de los grupos que atienden y que faciliten el cumplimiento de sus derechos.
En el caso de las mujeres, el Consejo estuvo al frente de la conformación de la Red de Género de Educación Superior. Además elaboró el protocolo de atención a acoso en el ámbito educativo y participa del debate sobre la legalización del aborto que se da en la Asamblea.

El Consejo Intergeneracional, a través de la información publicada en su Agenda Nacional evidenció que el suicidio es la principal causa de muerte en los adolescentes ecuatorianos.

Frente a esa realidad, Reyes señala que el Ministerio de Salud les comunicó que tiene la intención de abrir una línea telefónica de atención de crisis para evitar este tipo de autoviolencia.

El derecho a la movilidad de las personas con discapacidad es un tema que trata el Conadis indica Rosero. Una de sus acciones es dar cumplimiento a que ese grupo poblacional acceda a una plaza preferencial de parqueo.

¿Dónde está la política pública en esa acción? Rosero expone que detrás de esa acción hay un derecho que consta en la ley y el reto es hacerlo operativo. Para ello, a inicios de este año el Conadis implementó la colocación de un adhesivo para los vehículos que transportan a personas con discapacidad. De esa forma se busca facilitar el acceso a los sitios preferenciales de parqueo. El identificativo se implementará, a escala nacional a 11.000 carros.

Cuatro de los cinco consejos participaron y participan en la elaboración y las reformas de las leyes que rigen a los grupos que atienden.

Jorge López tiene 10 meses en el Consejo de Movilidad Humana. Desde ese organismo se proponen reformas a la ley. Una de ellas es que se emita una identificación para todas las personas que pasan por el país. No es un documento de ciudadanía aclara el secretario y agrega que este hará posible contar con una data que permitirá aplicar la política pública.

En este Consejo trabajan 11 personas, mientras que en el de Género son 40, en el de Pueblos y Nacionalidades son 54; el Intergeneracional y el Conadis tienen 80 cada uno.

Solo los dos últimos no están centralizados. Es decir cuentan con delegados en todas las provincias del país.
Tipán y López aseguraron que este año presentarán su Agenda Nacional. (I)