El artículo 61 de la Constitución nacional dicta como un derecho de participación “desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos, capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género (...)”.

En todo el texto legal la paridad, que es la igualdad de hombres y mujeres, es un criterio clave para la nominación de autoridades, a fin de garantizarnos el acceso a espacios de poder que nos fueron negados históricamente. Mientras los varones podían ejercer sus derechos, nosotras luchamos por educación, trabajo, participación, acceso a crédito y en la actualidad por el derecho a decidir sobre nuestras vidas y cuerpos.

El presidente de la República, Lenín Moreno fue el primero en inobservar la norma constitucional, pues una vez aprobada la consulta popular, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio carecía de igualdad en su composición; solo se nombró a una consejera.

Esta vulneración de derechos la replican dichos consejeros, nombrando en el Tribunal Contencioso Electoral a siete jueces varones y una jueza suplente; la Asamblea Nacional que debía observar dicho nombramiento posesionó a este Tribunal sin pedir al ente nominador cuentas de lo actuado.

Esta misma semana, el Consejo de la Judicatura nombró al comité de expertos que evaluará la Corte Nacional de Justicia y nuevamente se eligió a cinco varones y una mujer, cuando el instructivo para la conformación y funcionamiento de dicho Comité debía cumplir con el criterio constitucional de cuota de género.

Tres casos de elecciones de funcionarios y expertos de alto nivel que vulneran el principio de paridad, curiosamente en funciones en donde la norma constitucional debió ser observada. Pero no solo en este ámbito, en algunos Municipios y Prefecturas la paridad es ignorada.

Sin duda estamos frente a un retroceso de derechos, por ello es imposible no levantar la voz. La cuota de género no significa que por ser mujeres nos regalen puntos, es obligar al poder, tradicionalmente varón, a mirar nuestras capacidades y méritos, a elegirnos y ser tomadoras de decisiones en la vida del país del que somos más de la mitad.

Derecho logrado gracias a la histórica y permanente movilización del Movimiento de Mujeres en Ecuador, que logró la ley de cuotas, nuestra inclusión progresiva en listas para cargos de elección popular hasta llegar al 50/50 que actualmente los partidos políticos deben cumplir de forma obligatoria para participar en elecciones.

Pero la ley no obliga a los partidos a colocarnos como cabezas de lista, tampoco al sistema de asignación de escaños a otorgarnos una curul.

De ahí la necesidad de una reforma al Código de la Democracia que tome en serio la regla de igualdad, que obligue a los partidos a invertir en liderazgos femeninos, su formación, que se genere un fondo partidario paritario, que se instituya la función K en las finanzas del partido; todo esto controlado por la autoridad electoral que sea capaz de sancionar su incumplimiento y la violencia hacia las mujeres en estos espacios.

La paridad no es un criterio discrecional, no depende del Presidente o de los funcionarios de turno; es una norma constitucional que debe ser respetada y garantizada, pues su única finalidad es permitir accesos y evitar que nuestros méritos sean invisibles ante la estructura patriarcal del poder, el machismo del espacio político y de los espacios laborales.

Este retroceso se da a pesar de haber tenido mujeres en sitios de dirección del Estado; errores que no podemos ni debemos dejar pasar, pues perpetúan la desigualdad.

Las cuotas de género o mecanismos de acción afirmativa son necesarios en sociedades dispares como la nuestra.

Su objetivo es la inclusión y no marginación de mujeres por su condición sexogenérica, desde el más alto nivel público y privado.

La cuota es clave para romper las barreras mentales de la discriminación laboral, que nos impide ser contratadas por ser madres, superar los cuarenta años, estar embarazadas, tener una discapacidad o ser pobres.

Una democracia paritaria ayuda a conocer liderazgos diferenciados, sin prejuicios ni estereotipos; mujeres empoderadas que pueden ser referentes de otras, de niñas y adolescentes lejos de la victimización. La paridad sirve para mejorar las relaciones entre hombres y mujeres, hacerlas horizontales y no subyugadas.

Es hora de transformar las relaciones de poder que nos matan. (O)