“Es importante que el mundo conozca que hace aproximadamente tres semanas  directivos de  Chevron fueron a Venezuela a ofrecerles un soborno de $ 3.000 millones a PDVSA (estatal petrolera) y al Gobierno, con la condición de que, a través del presidente Nicolás Maduro,  hiciera de puente para llegar al Gobierno ecuatoriano y pedirle que baje su campaña ‘La mano sucia de Chevron’”, reveló Pablo Fajardo, abogado de los 30 mil indígenas y colonos amazónicos afectados por la contaminación de la transnacional.

Indicó que a ese nivel llega Chevron en vez de decir que responderá ante la justicia. “Quieren sobornar a un Gobierno (venezolano), pero yo sé que el presidente Maduro no es de esos que se prestan para este tipo  cosas. Sé también que el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, tampoco va a dejarse chantajear. Pero vean la intención perversa de Chevron: ofrecer sobornos de $3.000 millones a un Gobierno, ¡eso es criminal!, debe ser condenado por la humanidad”, denunció Fajardo ante la prensa.

“La dirigencia de Chevron Corporation está cometiendo graves errores que dañan a la misma compañía. Los accionistas deberían exigir a los directivos actuar responsablemente. No pueden actuar como prófugos de la justicia en todo el mundo, seguir corrompiendo y sobornando personas”, destacó Julio Prieto, otro de los abogados de los ecuatorianos afectados.

Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001, operó en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico (Sucumbíos y Orellana), en donde -según estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en suelos y ríos, y fueron quemados al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas.

La práctica del soborno no es nueva en la transnacional

Pero no todos se han negado a los supuestos sobornos de Chevron. A decir de los abogados de los afectados, el exjuez ecuatoriano Alberto Guerra, uno de los exministros  jueces de la Corte de Lago Agrio que conoció el caso, sí accedió a la tentación del dinero. Por ello, ahora testifica a favor de la petrolera.

Según Fajardo, la transnacional, incluso, intentó sobornar con el pago de $ 1 millón al exjuez Nicolás Zambrano, a lo cual este se negó y finalmente  emitió la sentencia contra Chevron. Ante la negativa de Zambrano, la petrolera sobornó a Guerra mediante el pago de $ 326 mil, para utilizarlo como testigo en el juicio bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que se ventila en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La suma pagada a Guerra, oriundo de San Gabriel (Carchi),  se distribuiría así: $ 38 mil de contado para compensarlo por el valor de la evidencia física que presentó para corroborar su testimonio, incluyendo documentos y datos de  computadoras, celulares, discos duros y registros bancarios; sueldo de $ 10 mil al mes por 2 años, (Chevron llama gastos por el costo de vida); y $2.000 mensuales para vivienda, seguros de salud y pago de abogados.

Karen Hinton, vocera de los demandantes (amazónicos) que trabaja en EE.UU. bajo el liderazgo del abogado norteamericano  Steven Donziger, confirmó a la prensa que Chevron compró el testimonio falso de Guerra y se refirió a aquello como el equivalente a un soborno. “El presidente de Chevron, John Watson, optó por autorizar que se hicieran lucrativas ofertas  a exjueces ecuatorianos a cambio de falsos testimonios”, señaló (ver subnota).

El portavoz de Chevron, Kent Robertson, en una entrevista que concedió en febrero pasado a la prensa internacional, admitió que la compañía dio dinero a Guerra y que le prometió pagos adicionales para que declarase que la sentencia  fue  hecha por los demandantes. Dijo que sacaron de  Ecuador a Guerra y a cuatro miembros de su familia y  asumieron el pago de su estadía en  EE.UU.  para garantizar su seguridad.
Guerra  salió de Ecuador el 12 de enero pasado. “Está recibiendo un sueldo de Chevron. Ese es el chantaje, el soborno real que hace Chevron a Guerra”, criticó Fajardo.

Humberto Piaguaje, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco-Chevron, indicó que con el testimonio de Zambrano y el informe del peritaje “queda al descubierto y se comprueba que los testigos que  presenta Chevron contra los ecuatorianos han sido pagados para mentir y facilitar al juez de la Corte de Nueva York, Lewis Kaplan, los argumentos para sentenciar como extorsionadores a los amazónicos”.

Justamente por sus irregularidades  para llevar adelante los litigios o negocios, en 2008 Chevron fue obligada por la Corte de Nueva York a pagar $30 millones  por prácticas corruptas en el extranjero. Ese año la petrolera fue encontrada culpable de sobornar al entorno del expresidente iraquí Saddam Hussein, con el objetivo de obtener petróleo de ese país a valores preferenciales, a espaldas de la ONU y de su programa de Oil For Money.

Todo comenzó tras la invasión a Kuwait por parte de Hussein. Después del  frustrado intento, la ONU estableció la Resolución 661 que prohibía a todas las naciones  realizar tratados comerciales con Irak.

Al cabo de varios años de sanción y en vista de que la población  sufría el desabastecimiento, la ONU   autorizó al gobierno de Irak a vender petróleo con la condición de que las ganancias fueran designadas a Ayuda Humanitaria para el pueblo iraquí, mediante la resolución 986.

La ONU, a su vez, estableció un programa de control denominado  Oil  For Food. Los oficiales del gobierno Iraquí tenían la autoridad de elegir a las corporaciones y empresas que serían beneficiadas con el crudo de dicho país a precios preferenciales, entre ellas constaba Chevron.

¿Cómo hizo Chevron para obtener ese beneficio tan redituable? La prensa internacional recogió en esa época que sobornó a los oficiales entre 2000-2003, por un valor total estimado en $ 20 millones. Los pagos los efectuaba en bancos internacionales controlados por Hussein,  ubicados en Jordania y Líbano.

La Corte de Nueva York estimó que solo entre el año 2001 y 2002 Chevron obtuvo 78 millones de barriles de crudo iraquí a través de esas prácticas corruptas.

En 15 años, Chevron gastó  $100 millones en ‘lobby’

En noviembre pasado, durante el Enlace Ciudadano, el presidente Rafael Correa, al referirse al hecho de que cada vez aparecen más contactos y ramificaciones de la petrolera Chevron en Ecuador, revelo: “Son casos de ecuatorianos que sirven al capital transnacional y literalmente venden a su propia patria”.

Por su parte, en reiteradas ocasiones el canciller Ricardo Patiño ha venido sosteniendo que Chevron, con sus argucias, poder económico y campaña difamatoria,   busca “acorralar y quebrar al Estado”.     

La empresa Chevron Corporation lleva una campaña internacional en contra de Ecuador, dentro de la cual habría gastado, en los últimos 15 años, alrededor de $ 100 millones en contratar empresas especializadas en lobby y de $ 400 a $ 600 millones en abogados, con el propósito de promocionar a la compañía y plantear una serie de estrategias para crear falsas evidencias sobre el juicio en Lago Agrio y desprestigiar a la justicia ecuatoriana.

Los gastos en lobby constan en la página web de www.opensecrets.org, organización que se describe como “una guía no partidista que detalla la influencia del dinero en las elecciones de EE.UU.  y las políticas públicas”.