El punto de partida del reconocimiento de los derechos de la población LGBTI es la sentencia de despenalización de la homosexualidad en Ecuador de 1997. El artículo 516 del Código Penal de 1978, vigente en 1997, respondía a las lógicas de control de la sexualidad implantadas dentro de la legislación ecuatoriana desde el Código Penal de 1938, siendo el delito de homosexualidad una de las tantas muestras de la sociedad que caracterizaba al Ecuador.  

El Tribunal Constitucional, en su resolución No.106-1-97, suplemento R.O. 2013 de 27 de noviembre de 1997, decidió declarar la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 516 del Código Penal, el cual sancionaba las relaciones homosexuales consentidas por parte de hombres mayores de edad, sin embargo, el razonamiento del Tribunal era violento y discriminatorio porque sustentaba su decisión en señalar que la homosexualidad era una enfermedad y no un delito.

El avance en derechos de dicha  sentencia tuvo una grata repercusión en la Constitución de 1998, la cual reconoció dentro del artículo 23 los siguientes derechos: en el numeral cinco la prohibición de discriminación por orientación sexual, en el numeral 24 el derecho a la privacidad de la vida sexual y en el numeral 28 el derecho a la libertad de tomar decisiones responsables sobre la vida sexual.

La Constitución de 2008, ya superados once años de la despenalización, tuvo como eje transversal el principio de igualdad y no discriminación.

En el año 2006, dos años antes de que se reformara la Constitución, hubo un punto de inflexión para la población LGBT porque por primera vez participaron en elecciones a través del voto popular personas abiertamente gays, lesbianas y trans, de manera que se candidatizaron para el cargo de asambleístas constituyentes Ani Argudo como lesbiana; Mabel García, como activista (primera abogada trans del país en haber recibido un título universitario) y Óscar Ugarte, por Guayaquil, y Sandra Álvarez, (alterna que ganó) por Quito.

Resumiendo lo que ha sucedido con la participación de los LGBTI en los últimos 20 años podría decirse que varios han sido los avances y logros de las poblaciones LGBTI en el reconocimiento de sus derechos ciudadanos: En 1997 se obtuvo la despenalización de la homosexualidad. En 1998 la Constitución determinó la no-discriminación y la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos sin importar su orientación sexual. En el 2008 la Constitución vigente determinó que todos los ciudadanos ecuatorianos tuvieran “el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y su orientación sexual” y además se reconoció que el Estado promovería el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se dieran en condiciones seguras.

Además, se incluyó como norma garantizar el derecho a la participación ciudadana en igualdad de condiciones.

En relación con el proceso electoral 2017, según un estudio realizado por la Fundación Esquel, a cargo de Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso, hubo una participación mucho más activa de personas LGBTI a través de candidaturas que en su gran mayoría buscaban ocupar una curul en la Asamblea Nacional del Ecuador.

En las elecciones de asambleístas entre principales y alternos se pudo evidenciar un total de 10 candidaturas por parte de la diversidad sexo genérica, entre hombres gay y mujeres trans. Pero hubo 5 más para otros cargos.

Así fue como se pudo contar con una asambleísta alterna trans como Diane Rodríguez. Esto tiene una diferencia importante con años anteriores, en los cuales las candidaturas LGBTI no fueron mayores de 8.

En cuanto al CNE, actualmente no tiene cifras sobre la participación de los LGBTI, sin embargo, según la cuenta votaglbti_ec, en los comicios nacionales de 2009 y 2017 se presentaron en total 23 personas abiertamente LGBTI como candidatas.

Además, en 2017 solamente dos de los ocho partidos que entraron al redil electoral incluían en sus planes de gobierno políticas en favor de los LGBTI.

El no tener a la mano cifras oficiales ya es una primera señal que invita a reflexionar sobre la situación de la población LGBTI en la política. 

La activista Pamela Troya, promotora del matrimonio igualitario en Ecuador, es hasta el momento la única precandidata de la población LGBTI confirmada (la inscripción de su candidatura se hará en octubre) para las elecciones del 2021. 

Para ella el hecho de que no existan otras candidaturas LGBTI tiene que hacer cuestionar a los diferentes movimientos y partidos políticos lo que consideran importante porque de ahí podría desprenderse que solamente se están enfocando en el ámbito económico.

Además se refiere al Código Orgánico de la Salud, cuya aprobación en la Asamblea permitió que los candidatos tomaran una postura clara sobre temas que aún dividen a la población.

"Es triste y lamentable la posición que han tenido ciertos partidos a través de cartas en las que hacen alusiones al Código Orgánico de la Salud, cuerpo legal que regula las emergencias obstétricas y se pronuncia sobre el respeto a la intersexualidad, demostrando su total ignorancia e ideología religiosa".

Diana Maldonado, activista por los derechos humanos y miembro de la población LGBTI, coincide con Pamela.

Los partidos con gran apoyo popular que apelan a su religiosidad imposibilitan la participación de los LGBTI en sus cuadros porque tienen posiciones antagónicas con los derechos del colectivo y una irrebatible homofobia.

"Creo que es bastante complicado poder participar en elecciones para una persona LGBTI o un activista LGBTI porque, ¿cómo se puede ser candidato por un partido cuyo líder no está de acuerdo con el matrimonio igualitario o pide al presidente que vete el Código Orgánico de la Salud?

Además manifiesta que algunos partidos buscan  utilizar al colectivo para dárselas de inclusivos, para atraer a la población LGBTI.

De hecho, ella ha declinado varias propuestas precisamente por eso y porque sus principios no le permiten ser funcional a los intereses de partidos políticos que priorizan su ideología o religión antes que los derechos humanos. De ahí que uno de los principales temas que salta es si para muchos de los partidos el interés concreto es cumplir con una cuota política, poniendo entre sus candidatos a personas de la población LGBTI.

Para la activista Lía Burbano, directora de la fundación Mujer y Mujer, si bien la presencia de la población LGBTI no ha sido escasa, sí ha sido invisibilizada y utilizada.

"Nos están dando los espacios a los colectivos LGBTI, tenemos que utilizarlos aun cuando sepamos que nos están utilizando como la cuota política de la diversidad. Es una apuesta política más que a las organizaciones LGBT a personas independientes o activistas. Ninguna organización LGBT realmente le apuesta al tema electoral como un punto fuerte porque básicamente somos organizaciones sociales. Nuestro interés no es competir electoralmente sino garantizar derechos, pero en ese mismo sentido contar con activistas o personas LGBT abiertamente lesbianas, gays, trans para consolidar la lucha de los derechos y garantizar que efectivamente el Estado ecuatoriano se encuentra en una situación de garantía y avances plenos de derechos", manifestó.

Para Diana Maldonado hay otro problema mayúsculo en estas elecciones y es que este año se ha vuelto a repetir ya una constante del Registro Civil que envía su base de datos al CNE (Consejo Nacional Electoral).

¿Cuál es el problema que hay en todas las elecciones? Que el Registro Civil envía una base de datos que se basa en el sexo y no en el género. 

Aquí un recuento. En el año 2007 en función del caso denominado “Ciudadana Luis Enrique Salazar contra el Registro Civil˝, se procedió a demandar a esta institución del Estado al negarse la cedulación de una persona trans femenina de acuerdo a la estética escogida por esta. Es así que en este año el Registro Civil realizó el Protocolo de Estandarización de Procedimientos del Registro Civil, dentro del cual en los artículos 54 y 55 detalla la forma de cedulación de personas trans.

El Registro Civil emitió el “Instructivo para Estandarización de Procedimientos para la Dirección de Registro Civil”, aprobado bajo Resolución No. 006-DIR-G-07 en el 2007, que sobre los casos de las personas trans señala formas adecuadas para realizar documentos para estas personas, respetando especialmente su estética. 
A pesar de este paso, el 07 de julio de 2011, a través de Resolución No. DIGERCIC-DAJ-2011-000098 bajo el nombre de “Manual Proceso Identificación y Cedulación con el Sistema Magna”, el Registro Civil derogó el Instructivo borrando las secciones sobre derecho a la imagen de las personas y la garantía de los derechos de la población trans, estableciendo criterios cargados de estereotipos de género.

A partir de este antecedentes Diana manifiesta: "tenemos  mujeres trans haciendo columna en la junta de hombres y a hombres trans haciendo columna en la junta de mujeres, con las implicaciones que eso conlleva". 

Diana señala además que ha pedido reuniones dos veces por mail al señor Vicente Taiano y que ha intentado acercarse por vía telefónica, con el departamento jurídico del Registro Civil, y no ha obtenido ninguna respuesta.

"Sé que hay otros compañeros que han solicitado lo mismo al CNE y la institución  no responde. No tenemos atención de nadie y debido a esto vamos a tener que hacer un plantón el día lunes (14 de septiembre), a las 10:00 de la mañana, a pie del Registro Civil, para alzar nuestra voz".

Pamela Troya manifiesta que Pachakutik ha tenido una incursión en algunos momentos de las elecciones teniendo candidatos LGBTI. "Recuerdo que en la anterior elección estuvo Silvia Buendía. Ella es activista por los derechos humanos. La incursión de los LGBTI ha sido mínima, ninguno ha logrado llegar a la Asamblea porque Diane Rodríguez llegó como alterna".

Pero hay que dividir las aguas, manifiesta Pamela, porque una cosa es ser una persona abiertamente LGBTI y otra ser activista LGBTI. "Tomando en cuenta estas dos variables, entiendo que yo vendría a ser la única persona abiertamente LGBTI y además activista que participa en el presente proceso electoral".

La poca participación hasta el momento de los LGBTI en las elecciones podría deberse al recrudecimiento de la visión conservadora por parte de estos partidos y movimientos políticos, analiza Pamela, y matiza que ha sido muy clara en el partido por el que terciará, Unidad Popular por Pichincha.

"He tenido una recepción respetuosa y se han acogido mis propuestas. Mi activismo es coherente, de convicción, entregando mi propia vida, mi vida privada , mi estabilidad emocional, económica. Yo me voy a enfocar en lo que sé hacer, como activista y como defensora de los derechos humanos. Eso he hecho en estos 9 años. No me considero una persona improvisada. A lo largo de estos años he podido demostrar la capacidad que tengo en los procesos de defensa de los derechos humanos, me he preparado y estoy en el momento adecuado para poder ser una voz que genere cambios importantes en favor de los derechos humanos", manifiesta. 

Lía Burbano señala, de su lado, que "la democracia nos faculta el derecho a elegir y ser elegido, son espacios de participación política, espacios que nos son bastante limitados, que aún no son totalmente abiertos" y que aplaude a todos los candidatos que puedan a llegar a esos espacios de toma de decisiones que les permitan actuar en favor de los LGBT". 

Las candidaturas de los miembros de la población LGBT son vistas con buenos ojos, mas no el afán de algunos partidos políticos por captar votos a través de la comunidad para cumplir con la cuota. La incursión de los LGBTI como colectivo ha sido mínima en términos estadísticos. Si bien algunos han llegado a la Asamblea lo han hecho como alternos y han estado bajo el paraguas y a las órdenes del líder del partido que impulsó sus candidaturas. (I)  

Fuentes: CNE, Diana Maldonado (activista), Pamela Troya (precandidata), Fundación Diálogo Diverso (Danilo Manzano); Fundación Mujer y Mujer (Lía Burbano) y votaglbti_ec.