Cualquiera puede ser candidato a la alcaldía, prefectura o concejalías. Literalmente es así. Entre los postulantes a esas dignidades en la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha hay cuatro con récord policial.

Eso dice un estudio del colectivo Quito en Construcción, que trazó los perfiles de 72 aspirantes a esos cargos.

Según la organización, dos hombres y dos mujeres están investigados por delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y violencia de género. Ellos pertenecen a tres movimientos políticos de tendencia centro-izquierda.

A esa novedad se suman otras categorías de análisis. Quizá la más importante es que las propuestas de los candidatos no cuajan con la realidad de la capital ni de la provincia.  

“No son planes reales, sino improvisados y superficiales”, dijo a este Diario el abogado Gabriel Ocampo, director del colectivo Quito en Construcción.

Para demostrar esa afirmación cita dos ejemplos importantes.

El primero es que las propuestas no tienen correspondencia con el Estatuto Autonómico, es decir, la norma que rige a un territorio.

El Distrito Metropolitano de Quito debe promover el desarrollo sustentable, las políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, el régimen de uso del suelo y urbanístico, entre otros. 

El segundo ejemplo es que esos planes no son consecuentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y otras propuestas son inviables: como eliminar peajes; convertir las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en lugares de acogida para mujeres que sufren violencia domésticas; regular el tiempo libre; y recuperar los valores. 

En el plano político, 20 candidatos han sido reciclados de otros partidos políticos como: ex-Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, AP, CREO y otros.

También Alianza PAIS y 14 han sido aliados al alcalde saliente de SUMA, Mauricio Rodas.

Además hay concejales que se postularon nuevamente para el mismo cargo, aunque  no tienen muchas asistencias y cero presentación de ordenanzas.  (I)