Cinco mociones. Eso discutió el Pleno de la Asamblea  para reestructurar la Comisión de Fiscalización durante dos días. El supuesto objetivo es cambiar a todos sus integrantes porque dos de ellos, que ya no son parlamentarios, están involucrados en actos de corrupción y en las manos de la Justicia.

Pero, en realidad, ese objetivo es activar los juicios políticos al ministro de Finanzas, Richard Martínez, y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

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Al primero porque no llegan los recursos a los municipios; a la segunda por las manifestaciones de octubre de 2019, aunque la Ministra detuvo el intento de desestabilización  preparado desde las filas del correísmo que se aprovechó de las protestas sociales por el incremento de los combustibles.

Ese objetivo coincide con el fin de la vida política del expresidente, Rafael Correa. Su sentencia a ocho años de prisión, por el caso de corrupción Sobornos 2012-2016, fue ratificada por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia.  

La Revolución Ciudadana (RC), bancada del exmandatario, busca una victoria política sobre el gobierno de Lenín Moreno, que destapó toda la pobredumbre de la década pasada y llevó al banquillo de los acusados a sus máximos líderes: Correa y Jorge Glas, el primero prófugo en Bélgica, el segundo en la cárcel por el caso de corrupción Odebrecht, también sentenciado por el caso Sobornos.

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Ese es el verdadero motivo para reestructurar la Comisión de Fiscalización. Un motivo al que se sumaron los asambleístas del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), quienes votan con la RC, aunque eran sus detractores en el anterior Gobierno. Esa alianza se entiende porque el PSC-MG apostó por las elecciones 2021 y debía mostrarse como oposición, pero sus candidaturas presidenciales se diluyeron en el camino.

También apoyaron algunos legisladores de CREO, del Bloque de Integración Democrática (BIN), de misma bancada oficialista, e independientes.

Pero todos ellos olvidan que de los 137 asambleístas que conformar el Pleno, 60 están investigados por la Fiscalía, como lo reconoció el propio presidente de la Asamblea, César Litardo.  Es decir, bajo su argumento tendrían que autodepurarse y principalizar a sus alternos para limpiar la imagen de la Función Legislativa. Una imagen a la que ellos han contribuido a dejar con una credibilidad de apenas el 5%.

Al parecer a estos padres de la patria no les interesa ni la institucionalidad ni los procedimientos. Así lo demostraron con esas cinco mociones que presentaron entre el miércoles y el jueves de esta semana para reestructurar la Comisión de Fiscalización.

El titular de la Asamblea   consultó a la Procuraduría General del Estado si es legal o no ese cambio de los integrantes de esa comisión. La respuesta fue que no existe normativa que prevea la restructuración de las comisiones en momentos distintos a los previstos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Según la LOFL, las mesas legislativas se integran por un período de dos años y solamente se conforman en dos momentos: uno en la sesión siguiente a la instalación del Pleno; y el otro cuando finaliza el primer período de ellas.

Sin embargo, el Pleno de la Asamblea desconoció el pronunciamiento de la PGE, que sí es vinculante, según un comunicado de la entidad de este viernes. También los legisladores pasaron por alto lo establecido por la LOFL y la Constitución. Pero eso solo es posible en regímenes gobernados por el correísmo o los socialcristianos, que son tal para cual. A ellos no les importa atentar contra la Carta Política para cumplir con sus propósitos.

La primera moción estuvo a cargo de Alberto Arias, de Alianza PAIS (AP), y fue en contra de la reestructuración de la comisión. La segunda fue de José Serrano, colega de bancada de AP, a favor de esa reestructuración.  El expresidente de la Asamblea fue destituido de ese cargo por escándalo que ocasionó la filtración de una conversación entre él y Carlos Pólit, ex Contralor, prófugo y sentenciado por el caso de corrupción Odebrecht.

La tercera moción fue de Héctor Yépez, ex legislador de SUMA y de CREO, a favor de la reestructuración. La  organización de Guillermo Lasso le dio la espalda y no lo postuló para la reelección. Yépez, quien abandera las tesis de los Provida en la Asamblea, se quedó solo y se autorepresenta con Ecuador Vive. Además es un feroz opositor a la Ministra Romo porque ella siempre ha defendido los derechos de las mujeres.

La cuarta moción fue presentada por Fernando Flores, de CREO, a favor del cambio en la Comisión de Fiscalización. Mientras la quinta de Pabel Muñoz, uno de los ideólogos de las filas correístas, también a favor de la reestructuración, finalmente, fue aprobada por 85 asambleístas.

Lo curioso es que las mociones de Serrano y de Muñoz son iguales. Pero no da igual apoyar al extitular del Legislativo que a Muñoz en la actual coyuntura.

Pero el presidente de la Asamblea le recordó a Muñoz que le propuso varias veces llegar a acuerdos antes de las sesiones del miércoles y jueves, pero no quiso.  “Era para evitar las votaciones dispersas que le no le hacen bien a la Asamblea y no ayudan a mejorar su imagen”.

¿Se puede reestructurar la Comisión de Fiscalización, tomando en cuenta que la Asamblea elevó una consulta a la Procuraduría y esta se pronunció en contra?

Para el doctor Francisco Rocha esta es una decisión política. "La Asamblea ha tomado una decisión política más que jurídica porque para eso están los alternos que debieron reemplazar a los titulares. Esperemos que este cambio se genere con el afán de que funcione la Comisión y no para que tenga más trabas. Ahora, creo que es el momento de empezar a respetar la ley. Esas épocas en las que 'porque a alguien le daba la gana' se hacen las cosas hay que superarlas. Y mejor hubiese sido, si estaban conscientes de que era una decisión política necesaria, que actuaran los suplentes porque para eso se los nombra".

"Más que reestructurar lo que debían hacer era juntar lo que queda de esa Comisión, que ha sido vergonzosa, y tener nuevas autoridades, eso sí procedía. Y no es por el tiempo que falte, podía ser al inicio, también, no hay problema; el tema es que hay que comenzar a respetar la ley. Han tomado una decisión política más que jurídica. (I)