Cuatro cordeles tendidos atravesando el pasillo del segundo piso, atados entre la antigua aula de Audiovisuales y la de 6º de básica, sirven para secar la ropa. La imagen da cuenta de cómo viven siete familias de escasos recursos económicos que hace 16 meses fueron  atraídas por un cartel que ofrecía piezas de arriendo por $ 50 al mes.  

En la edificación de tres plantas, ubicada en las calles Ignacio Jarrín y Felicísimo Vega, en la parroquia de Pifo, funcionaron hasta 2011 la escuela San Sebastián y, los sábados por la tarde, el colegio a distancia Juan Montalvo, ambos de propiedad del concejal en funciones y candidato a la reelección por Sociedad Patriótica, Manuel Bohórquez.  

En la fachada ya deteriorada sigue  el logo del plantel y los rótulos del ciclo escolar en las  aulas. Los  juegos infantiles, que hoy usan los hijos de los inquilinos,  lucen oxidados.

Cada aula fue alquilada como departamento -pese a no contar con  mínimos servicios, como un lavabo-  en  $ 70 mensuales más $ 20 por agua y luz. El baño, hecho a la medida de los escolares, hoy lo comparten los adultos y sus hijos. Los pequeños lavabos sirven como piedras de lavar y una cortina brinda algo de ‘privacidad’ a las duchas. Eso no impide que un aire maloliente se propague a las habitaciones.    

Para transformar una de las aulas del segundo piso en un ‘hogar’, Mauricio Rosero (21 años) empezó por   retirar el pizarrón para evitar que su hijo de 4 años lo garabateara. Además, separó el ‘dormitorio’ de la ‘cocina’ y la ‘sala’ con una pared de plástico negro sujeto en vigas de madera. “La dueña estaba bravísima porque pintamos, pero queríamos que se vea mejor”, explicó.

El joven se refiere a Patricia Villamarín, la esposa del concejal Bohórquez, a quien califica como abusiva y grosera, ya que en dos ocasiones habría subido el valor del arriendo y pedido doble garantía de $ 60 cada una, pero cuando le pidieron arreglar algunos desperfectos la mujer se habría negado.

Por ejemplo, Rosero contó que las ventanas de su pieza no se cierran y cada vez que llueve la sala se inunda. Las paredes lucen húmedas. Ese sería el motivo de conflicto con Villamarín, quien les dijo que    ellos hicieran los arreglos si querían vivir allí. “No es justo porque le pagamos puntualmente, incluso cuando  nos pide por adelantado dos meses del agua y la luz”, se quejó el joven.

Hasta el año pasado, allí vivían 12 familias, pero las constantes amenazas de Villamarín y su esposo de echarlos si no pagaban valores extras los obligó a buscar otro sitio, según contó otro de los vecinos.

El malestar surgió cuando Villamarín y su esposo empezaron a cobrar las mensualidades, pues no fueron ellos quienes les arrendaron, sino Rosa Núñez Córdova, la asesora del concejal Bohórquez hasta 2012, quien ingresó al Municipio con un sueldo de $ 1.030, según consta en la nómina de colaboradores del Cabildo. Ella también fue alumna del colegio a distancia Juan Montalvo, que funcionaba en esas instalaciones, hasta que decenas de denuncias en la Dirección de Educación de Pichincha obligaron su cierre.    

Para los inquilinos, Núñez es “la que  hace los mandados” al concejal, pero su nombre también consta en el Consejo Nacional Electoral como candidata alterna de Bohórquez, quien busca reelegirse en  los comicios del 23 de febrero próximo.

El 26 de enero pasado, cuando regalaba pollos en Pifo como parte de su campaña, EL TELÉGRAFO  consultó a Bohórquez acerca del hacinamiento en que viven esas familias en el antiguo colegio, pero negó ser el propietario. “Esa institución nunca fue mía, el dueño, hace unos tres años, cerró la matriz... Antes de ser concejal yo era el encargado de las tutorías y eso entregué al dueño, entonces, no tengo nada que ver”, sostuvo, pese a que los exalumnos lo identifican como propietario y rector del plantel.  

Es que actualmente ningún predio está a nombre del concejal, pero sí de su esposa e hija mayor, quienes registran en el Municipio de Quito un patrimonio de $ 122.094 y $ 66.862, respectivamente, pese a que ninguna declara impuesto a la renta.

A inicios de este año, Villamarín pidió el retiro del medidor de luz argumentando que ya no necesitaba el servicio, provocando el malestar de los inquilinos, quienes indicaron que hace unos meses permanecieron 30 días sin luz porque la propietaria no pagó, pese a cobrarles.

Ayer, uno de los inquilinos se comunicó con este diario para denunciar que Núñez volvió a exigirles que desalojaran inmediatamente, ofreciéndoles que los $ 60 de garantía se les devolvería después. Su preocupación radica en que incumplieron con otras personas que ya se fueron, así que pidió la intervención de las autoridades.

Al respecto, la teniente política de Pifo, Gisela Cadena, dijo conocer poco del asunto, aunque el 29 de octubre de 2013 emitió un oficio dirigido a Rosero para que, en su despacho, se reúna con Villamarín y lleguen a una solución amigable, pero advirtió que, en caso de no acudir, “la peticionaria queda facultada a seguir las acciones legales pertinentes”.

EL CONCEJAL PODRÍA PERDER LA CANDIDATURA

En abril de 2012 el Ministerio de Educación ratificó su decisión de revocar la licencia de funcionamiento del colegio a distancia Juan Montalvo, con sede en Quito, por la creación de sedes ilegales en Machachi y El Quinche, tras el sumario administrativo en contra de Segundo Marcillo Yumiceba, quien, a más de ser dueño y rector del plantel, era  supervisor provincial de Educación de Pichincha (destituido en 2011).

La investigación ministerial  también determinó que los títulos de bachillerato y algunos pases de año fueron aparentemente legalizados en la Dirección Provincial de Orellana, cuando los exalumnos residían en Pichincha, debido a que  las autoridades de esa provincia certificaron que esos estudiantes no constaban en sus registros de inscripción.

En la resolución no consta la sede en Pifo  que, según exalumnos, pertenecía al concejal Manuel Bohórquez y que  cerró en 2011 por las denuncias de padres de familia que hasta hoy esperan los títulos de bachillerato de sus hijos.

Sobre esta y las demás denuncias que pesan en contra de Bohórquez, el candidato a alcalde por Sociedad Patriótica, Víctor Hugo Erazo, dijo conocerlo hace poco tiempo,  pero  que, de  comprobarse esos delitos, le pedirán que renuncie a su candidatura para la reelección como concejal rural y respaldarán a las posibles víctimas.