Los protocolos de seguridad que activó el gabinete de seguridad ante los ataques cibernéticos de los últimos 6 días al país se intensificaron. Los hackers no han detenido su intención de afectar las páginas de internet de entidades públicas.  

Una de las últimas embestidas las sufrió el Consejo de la Judicatura, cuya base de datos fue intervenida y los hackers extrajeron listas de jueces con sus números de cédula, celulares y correo electrónico personal.

Esta información sensible de más de 650 funcionarios está publicada en la página “pastebin”, a la que puede acceder cualquier persona. En el inicio de la lista se puede leer: Free Assange (“liberen a Assange”, en inglés). Esta es una muestra del daño que pueden causar los piratas informáticos.

“Son datos privados que están en una página pública”, comentó Germán Pancho, director de la maestría de Seguridad de la Información de la Universidad de las Américas (UDLA).  

El experto explicó que uno de los objetivos de los hackers es causar este tipo de acciones con exposición de información que pone en riesgo a las instituciones; “son golpes morales encaminados a demostrar que son peligrosos”.  

El Estado necesita proteger los sistemas informáticos de las entidades públicas, con planes manejados por personal capacitado y con tecnología adecuada.

Puntualizó que el mundo de la computación evoluciona constantemente, al igual que los hackers, por eso la actualización en este campo nunca termina.

Estas personas también hacen fortuna mediante actos ilícitos o se pasan como activistas que necesitan fondos para sus causas, como la de la liberación de Assange.

En el caso de Ecuador, el Ministerio de Telecomunicaciones todavía no ha determinado el perjuicio económico que provocaron los 40 millones de intentos de vulnerar las redes de las entidades públicas.

Bolívar Garrido, experto en Informática, aseguró que las empresas privadas en Ecuador también aumentaron medidas de seguridad a raíz de los últimos hechos.

Aclaró que todavía no hay reportes de daños por hackers, pero muchas compañías no denuncian porque no hay una ley específica que las defienda de estos delincuentes que muchas veces actúan desde el exterior.

Pancho recordó que Ecuador no es signatario del convenio de Budapest que enfrenta delitos informáticos mediante la armonización de leyes nacionales y que ha sido firmado por 30 naciones.

A pesar de que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) castiga la sustracción de datos a través de sistemas informáticos, todavía falta especificar el delito. “Esperamos que esta experiencia sirva para actualizar la normativa”, señaló.  

En marzo de este año el asambleísta de Alianza PAIS Juan Carlos Yar presentó un proyecto de ley sobre delitos cibernéticos que actualmente está en trámite. (I)