La división de Alianza PAIS quedó ayer evidenciada. Un grupo de legisladores interpuso una acción de protección en contra del presidente de la República, Lenín Moreno. El motivo: haber encargado la vicepresidencia a quien fuera su compañera en la Asamblea, María Alejandra Vicuña.   

La medida fue adoptada por los legisladores Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia; Soledad Buendía, Sofía Espín, Carlos Viteri, Ronny Aleaga, Amapola Naranjo, Juan Cárdenas; y la parlamentaria andina, Rosa Mireya Cárdenas.

Ellos acudieron a las 09:00 al Complejo Judicial Norte de Quito, donde ingresaron la acción con el  argumento de que el Jefe de Estado  encargó la Vicepresidencia cuando el titular, Jorge G., había solicitado 60 días de vacaciones antes de ingresar a la cárcel 4 para cumplir  la prisión preventiva.

Los asambleístas firmaron la petición y esperarán el sorteo en la Corte Provincial de Pichincha.

Para Aguiñaga se han vulnerado los derechos del Segundo Mandatario. “Creemos que no se cumplió la norma constitucional, en virtud de que el señor Vicepresidente, electo el 2 de abril  por el pueblo, solicitó el goce de sus vacaciones, con lo cual no correspondía una autorización de encargo por ausencia temporal, conforme alega el decreto que expidió el presidente Moreno”.

Explicó que la acción es para que se cumpla con el  estado de derecho que rige en el país  y “quien tiene la primera obligación de respetarlo es el Mandatario”. Anticipó que la decisión es a título personal, a la que se sumaron los otros legisladores.

Mencionó que si el Vicepresidente hubiese perdido sus vacaciones por inicio de un nuevo periodo, la acción de personal no lo hubiera autorizado.

Por eso, a su criterio, no procedía nombrar un encargado, ya que puede ser el Secretario de la Vicepresidencia quien tome temporalmente la función para que no quede en acefalía. “Nombrar a un ministro de Estado nos parece que está fuera del marco constitucional”.

Aseguró que parte de la militancia no comparte las medidas de Moreno; “por eso estamos organizando una movilización para expresar nuestra postura sobre la consulta”.

Hernández objeta preguntas

Una hora después, el exasambleísta y exconsejero presidencial, Virgilio Hernández, acudió a la Corte Constitucional para solicitar una audiencia a fin de presentar sus objeciones a tres preguntas del referéndum.   

Considera que las 6 primeras interrogantes están mal planteadas y son regresivas en derechos, especialmente la relacionada con la reelección indefinida.

“La Corte no podría contradecirse en este punto porque ya opinó que la reelección indefinida es un derecho constitucional”, dijo el exconsejero presidencial. (I)

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A la CC ingresan pedidos ciudadanos de ampliación a preguntas de la consulta

Hasta el mediodía de ayer, la Corte Constitucional (CC) había recibido 8 pedidos de audiencia por parte de grupos sociales y ciudadanos interesados en presentar sus inquietudes a la jueza Tatiana Ordeñana, quien está a cargo de la revisión de las preguntas de la consulta popular. Incluso el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, acudió a la institución para pedir que la jueza atendiera sus objeciones a la pregunta que pretende reformar  al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El funcionario expresó su preocupación por la intención de que el Ejecutivo nombre una comisión temporal para que evalúe a las autoridades de control. “Esto sería inconstitucional y una grave afectación a la independencia de la Defensoría, lo cual provocaría un llamado de atención internacional”, indicó.

Otros grupos como Yasunidos, Ecuarunari, Acción Ecológica, Cedhu y Cedenma, presentaron un amicus curiae, (recurso legal) para que la Corte escuche sus argumentos sobre el tema de la explotación en el Yasuní y la prohibición de la minería metálica.

Nataly Torres, del cabildo popular de Cuenca, indicó que la prohibición de minería metálica “debería extenderse a territorios donde hay fuentes de agua”. (I)