Al cabo de casi tres horas de debate, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 73 votos a favor y 61 en contra, la moción presentada por la asambleísta Doris Soliz de allanarse a la objeción parcial realizada por el expresidente Rafael Correa al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Correa envió, antes de finalizar su mandato, observaciones a siete artículos de ese cuerpo legal, que fue el último aprobado en el periodo legislativo anterior.

Tras la votación de este lunes, el Código de Entidades de Seguridad entrará en vigencia en cuando sea publicado en el Registro Oficial.

Soliz señaló que esa normativa afianza el servicio de seguridad ciudadana en el país: "En esta década se ha destinado 48 veces más en presupuesto al sector de seguridad que en los gobiernos anteriores, con más de $ 26.000 millones".

Garantiza la prestación de servicios de seguridad ciudadana y complementarios; fortalece los niveles de gestión; prioriza el concepto de policía preventiva vinculada con la comunidad, mejora la formación académica y regula el régimen de traslados; da mayor atención al servicio de medicina legal y forense, entre otros.

Además, todos aquellos cuerpos que han otorgado distintos sistemas de seguridad "hoy por fin van a estar integrados, modernizados con una institucionalidad adecuada: Cuerpo de Vigilancia Aduanera, vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, Control Municipal y Metropolitano de los gobiernos locales, los Agentes Civiles de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos".

Servicio de protección civil centró debate

Sin embargo, parte del debate de los asambleístas de oposición giró en torno a criticar la creación de un cuerpo civil de protección para funcionarios como el Presidente de la República, refiriéndose al libro tercero del Código, que tardaría 10 años en implementarse.

La asambleísta Cristina Reyes (PSC) señaló que la ley aprobada fomenta la creación de una guardia civil armada a órdenes de un ministerio. Por eso, "apenas entre en vigencia presentaremos un proyecto de ley para derogar el libro tercero".

Mae Montaño, asambleísta por la alianza CREO-SUMA, sostuvo que con las objeciones, lo que se pretende es "engañarnos para proteger el verdadero sentido de la ley. La creación de una institución de seguridad paralela a la Policía y a las Fuerzas Armadas". 

Añadió que ni bien salga publicada la normativa en el Registro Oficial, "hay que llevar adelante un proceso de reformatoria para eliminar el Libro 3". 

Luis Fernando Torres, de la Alianza PSC- Tiempo de Cambio, sostuvo que por fuera de estas instituciones (Policía y FF.AA.) no puede haber ninguna que manipule armas. "Este servicio público de protección es inconstitucional", aseguró. También apoyó que inmediatamente después de que entre en vigencia, hay que demandar su inconstitucionalidad. 

En tanto, la asambleísta por Alianza PAIS, Marcela Aguiñaga, rechazó que la oposición descontextualice las palabras del presidente Lenín Moreno, pues "lo que buscan es confundir al pueblo". 

Aclaró que el mandatario "en ningún momento dijo que rechaza el Libro 3 del Código o que estaba en contra de que exista un ente capacitado en dar seguridad a altos funcionarios". (I)

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Comisión legislativa revisará el alcance del proyecto de límites internos

La Comisión de Gobiernos Autónomos recibirá mañana miércoles al secretario técnico del Comité Nacional de Límites, Raúl Muñoz, para que exponga el alcance del proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos de la República del Ecuador.

El cuerpo legal fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pasado 29 de mayo. También revisarán los informes para primer debate de otras iniciativas jurídicas.

La norma sobre límites fue enviada al Legislativo por el expresidente de la República, Rafael Correa, y busca fijar de manera técnica y precisa los límites de provincias y cantones; de esta manera los gobiernos autónomos descentralizados atenderán de mejor forma a la población.

Los otros proyectos que analizará la comisión son las reformas al Código de Organización Territorial (Cootad), en el que se pretende cambiar los artículos 424 y 249.

El último se refiere a los fondos para los grupos de atención prioritaria, el cual dispone que no se aprobará el presupuesto del GAD si no se asigna, al menos, el 10% de sus ingresos no tributarios para financiar programas sociales. Se pretende que, en caso de incumplimiento, si no hay una causal de relevante justificación, se sancionará a la máxima autoridad administrativa. (I)