Las reformas al Código de la Democracia se encaminan principalmente a garantizar procesos electorales transparentes. Por eso, tanto el Legislativo como el Ejecutivo aportaron en el cambio de esta normativa que se aplicaba desde 2009 y acarreó problemas no solo en la organización de los comicios, sino que impuso modelos que perjudicaron la participación.

Para el jurista Andrés Ricaurte, las reformas permitirán acercarnos como país a la consolidación de una sociedad democrática, organizada y transparente, en la que todos los estamentos puedan sentirse representados.

Entre los elementos que destacó se encuentran la actualización de montos de gasto electoral, así como el destino de los fondos públicos empleados para las campañas partidistas, por cuanto usualmente se ha evidenciado una proliferación de candidaturas que conducían a un gasto indiscriminado.

Cree que con las reformas planteadas los candidatos adquirirán una mayor responsabilidad, al punto de que podrán verse obligados a retribuir los fondos entregados en caso de no alcanzar porcentajes mínimos de votación.

Sobre las circunscripciones dijo que en la gran mayoría de casos la ciudadanía no se encuentra plenamente comprometida con los procesos electorales.

Aclaró que una división distrital genera confusiones innecesarias, al tiempo que afecta al derecho de representación pues reduce las posibilidades para que las minorías se encuentren representadas.

Al respecto Ximena Peña, de Alianza PAIS, y presidenta de la Comisión de Justicia, que revisó el veto del Ejecutivo al Código de la Democracia, señaló que el trabajo de la Asamblea en la preparación de la normativa -que tiene 168 artículos-, fue responsable, por eso el Primer Mandatario solo observó 18.

Peña enfatizó que de los cambios propuestos por el Ejecutivo, la Comisión que preside resolvió allanarse a ocho y ratificarse en 10. Comentó que el aporte del Jefe de Estado fue fundamental para incorporar el planteamiento de incentivar las alianzas a través del Fondo de Promoción Electoral, que asignará el 20% por cada organización que inscriba una alianza.

Considera que en la votación del pleno de este día no habrá problemas para aprobar el informe del veto y se publicará de inmediato en el Registro Oficial de manera que entre en vigencia. “Las reformas planteadas buscan fortalecer el sistema de organizaciones políticas en el ámbito de la participación democrática”, señaló el analista Esteban Ron.

Opinó que se puede ver un claro impulso a las alianzas a través de estímulos con el fondo partidario. “Así se evitará la dispersión del voto y la polarización ideológica de organizaciones de una misma línea política”, añadió Ron. (I)