La Asamblea Nacional condenó el femicidio en contra de Diana Carolina R., en la ciudad de Ibarra; la violación grupal contra Martha, en Quito, y todos los hechos de violencia que continúan presentándose en el país.

El Pleno aprobó, con 104 votos, un proyecto de resolución en el que se solidariza con las víctimas, sus familiares y exige a las autoridades judiciales que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos, así como establezcan medidas de reparación efectiva de derechos en favor de las víctimas.

La resolución también condena "enérgicamente" todo acto de discriminación, xenofobia e incitación al odio en contra de la población migrante que se encuentra en Ecuador.

También solicita al Gobierno que desarrolle una política migratoria con medidas y controles necesarios para la protección de la seguridad interna, con pleno respeto de los derechos de las personas en movilidad humana.

Además, insta a las autoridades correspondientes a adoptar medidas integrales para combatir la delincuencia, violencia de género, racismo, xenofobia e intolerancia, para lo cual la Asamblea liderará una reunión de trabajo con resultados concretos desde las instituciones involucradas.

La Legislatura expresó el respaldo absoluto a todos los agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, aclarando que la ley permite el uso de la fuerza, inclusive letal, si es para defender los derechos de los ciudadanos, sin que por ello sean víctimas de represalias indebidas.

La resolución requiere del Gobierno Nacional y demás organismos del Estado, la implementación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, lo que contribuirá a mitigar y enfrentar el impacto de las migraciones, que afecta particularmente a las zonas de frontera.

En el texto se incluye el coordinar con la Función Ejecutiva la utilización de los espacios gratuitos en los medios audiovisuales de señal abierta para ejecutar un plan de comunicación y sensibilización, con planes y programas para prevenir y erradicar la violencia de género, discriminación y xenofobia.

También se determina que la Asamblea priorice la revisión de la normativa legal que corresponda, en particular el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana, para impulsar un marco legal que proteja la labor policial y garantice su actuación frente a hechos delictivos que pongan en riesgo la vida de las personas.

Dispone a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales que convoque a comparecer a todas las autoridades pertinentes para esclarecer las acciones e inacciones en el caso de Diana. (I)