Para el penalista Antonio López, el problema de la corrupción se asemeja a un cataclismo moral y cívico por el que atraviesa Ecuador y se ha regado en todo el tejido social donde lo público y lo privado están inmersos de igual manera.

El jurista cree que este problema es similar al que atravesó el país hace 40 años con las dictaduras militares que atacaron a los derechos humanos. “Ahora esa represión brutal la ha reemplazado una política criminal de corrupción”, comentó a EL TELÉGRAFO.

¿Cuáles son las consecuencias de este problema?
La corrupción provoca desempleo, impide dotar de los recursos necesarios a salud, vivienda, carreteras, tecnología en las escuelas para que los niños puedan acceder. Además, la clase política hoy día está arrinconada por las imputaciones de este tipo de delitos. El daño al patrimonio ecuatoriano supera a la propia deuda externa, lo que pone un panorama muy negro al desarrollo del país, agravado con la pandemia del covid-19.

¿Cómo llegamos a este tipo de extremos en el Ecuador?
Esto corresponde no solo a la corrupción del Gobierno anterior o el actual, sino a una serie de valores cívicos y éticos fracturados por el cúmulo de gobiernos que se llevaron todo el patrimonio.

Hay varias iniciativas de ley que están tramitándose, por ejemplo la de Extinción de Dominio. ¿Cree que esta ayudará a combatir este mal?
Ecuador tiene las suficientes herramientas legales para combatir la corrupción, todas estas iniciativas pueden ayudar en la fase de sanción, pero no a la etapa de la prevención del cometimiento del delito.

¿Cómo prevenir?
Hay que mirarlo desde una perspectiva criminológica en que se involucren a los estamentos públicos y a las instancias privadas, para generar la promoción de una cultura ética empresarial tendiente a obtener las mejores prácticas; en la doctrina internacional penal lo conocemos como los programas de cumplimiento y gestión.

¿De qué manera funcionan esos programas?
Debe existir una disposición en las leyes que obligue a todas las empresas públicas o privadas a tener estos programas de cumplimiento que se centran en el monitoreo, control y seguimiento de todo tipo de contratos, esto como políticas de prevención y que tiendan a acrecentar y fortalecer una cultura ética empresarial.

Vea el caso Sobornos, por ejemplo, o el caso Odebrecht, eran empresas legalmente constituidas en Ecuador que perpetraron delitos y sin programas de cumplimiento, no se evidencian sanciones, a pesar de que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 50, reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

¿Las empresas no han sido sancionadas como se debería?
Hace falta aplicar todas las medidas sancionatorias contra las personas jurídicas, inclusive llegando a liquidaciones para impedir que continúen con vida jurídica.

Y que el país pueda reclamar las indemnizaciones...
En Ecuador no existe una ley que de manera expresa, clara y meridiana permita reclamar las indemnizaciones que aseguren las reparaciones en los casos de corrupción; por eso las negociaciones entre la Procuraduría y Odebrecht fracasaron, porque ellos saben que no hay un marco regulatorio en el país que establezca parámetros legales para obligar a la reparación a las empresas corruptoras.

¿Ecuador carece de fortaleza jurídica?
No la tiene, por eso normativas como la Ley de Extinción de Dominio será una buena herramienta, pues los corruptos buscan testaferros a fin de ocultar los bienes producto de la corrupción; pero para que esto funcione, es necesario dotar a la Fiscalía de suficientes recursos presupuestarios de manera que fortalezca las unidades, no solo con la mecánica tecnológica forense de investigación de delitos financieros, sino también con mayor personal capacitado en todas las provincias. El Gobierno dice que va a combatir la corrupción, entonces lo primero que debe hacer es darle recursos a la Fiscalía.

¿Es cuestión de tener más fiscales?
La lucha contra la corrupción, una vez que ha crecido exponencialmente, exige una declaratoria de emergencia nacional en términos legales y políticos para combatirla. Para ello lo primero que el Gobierno necesita es un plan nacional anticorrupción y otorgarle recursos económicos a la Fiscalía.

¿Cómo ve el trabajo que está haciendo el Gobierno?
El Gobierno tiene que dar señales positivas, no solamente realizar el acompañamiento a través de la Policía y Fiscalía, sino entregar los recursos económicos.

Hay un déficit de personal especializado que se encargue de las investigaciones y, segundo, hay que ponerle mucho ojo a los jueces, ahí se encuentra radicado un gran porcentaje de la desconfianza ciudadana, porque hay jueces que protegidos en la ambivalencia de la independencia, están poniendo en la calle a grandes delincuentes.

¿Se necesitan más jueces especializados también?
El país necesita nuevos jueces no solo capacitados sino también honestos, pero frente a la pandemia de la corrupción vamos a tener que debatir la legalidad de que los aspirantes a jueces, de forma libre y voluntaria, consientan que se les practique periódicamente la prueba del detector de mentiras y análisis financiero, al igual que a los funcionarios que manejan recursos económicos y contractuales; esto porque ya el país no soporta tanta corrupción. (I)