El miércoles se realizó un simulacro de respuesta ante una erupción del Cotopaxi en la que participaron más de 32.000 personas en tres provincias, según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE).

La titular de esa entidad evalúa el ejercicio y la capacidad de respuesta oficial y ciudadana ante los eventuales desastres a los que está expuesto el país.

¿El simulacro del miércoles obedeció a una actividad específica del Cotopaxi?

No, fue un ejercicio. Una de nuestras acciones como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos es la preparación. Y una de esas herramientas son los simulacros. Así que es un ejercicio que nos permite desde la institución y también desde la ciudadanía y los gobiernos locales medir su capacidad de respuesta.

¿Qué lecciones dejó el simulacro?

En la parte institucional, vimos que las distintas entidades públicas generan un proceso totalmente diferente en torno a sus capacidades de respuesta, de organización interna. También encontramos que tenemos una debilidad en cuanto a comunicación.

En la parte ciudadana, diría yo que, sobre todo en Cotopaxi, todavía tenemos tarea larga. Esto porque a raíz de lo que sucedió en 2015 (reactivación del volcán) hay una actitud de desconfianza frente a lo que los organismos puedan decir o hacer. Entonces, el simulacro se ve, en algunos sectores, de forma indiferente.

¿Hay suficientes alarmas y señalética en relación con el riesgo del Cotopaxi?

Nos falta. Tenemos 17 sirenas; una no funcionó. Y una segunda alerta fue que, tal vez, tengamos que hacer una reubicación de algunas porque en ciertos casos no se escucharon bien. Es una debilidad que debemos revisar para el próximo ejercicio.

¿Qué pasa en el resto del país sobre este tema?

Yo diría que hay avances importantes en cómo miramos ahora la gestión de riesgos. Lamentablemente aprendemos a la mala. Y frente a eso uno ve el enfoque y el comportamiento de algunos ciudadanos que han visto que hay una necesidad mayor de poder protegerse, de saber qué tengo que hacer en el caso de un desastre.

¿Hay una norma que establezca la obligatoriedad de simulacros en el ámbito privado?

Funcionamos a través de distintas normas. Esto nos permite generar todas las herramientas necesarias para activar los simulacros. Tenemos una periodicidad en la cual trabajamos en estos ejercicios y lo hacemos con las instituciones públicas y las privadas. Los privados también tienen responsabilidad en cómo se preparan.

¿Se ha considerado integrar la prevención a la malla curricular educativa?

El ministerio que ha generado más dinámica y más cultura de prevención es el Ministerio de Educación. Ha trabajado con todo el sistema, entonces uno ve en los simulacros que quienes nos acompañan siempre en las evacuaciones son los chiquillos de las escuelas, los chicos de los colegios; tienen su kit volcánico en el caso del Cotopaxi o participaron en nuestros simulacros del 31 de enero por tsunami.

¿Cuánto invierte el Estado en gestión de riesgos?

Tenemos un presupuesto aproximado de $ 40 millones y los distribuimos en varios proyectos. Uno es el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos donde, por ejemplo, se fortalecen las unidades de Gestión de Riesgos de los municipios, se repotencian los cuerpos de bomberos.

También se invierte en preparación para la respuesta y, luego, para la recuperación.

¿Hay un fondo permanente de recuperación ante desastres?

Estamos construyendo una política económica preventiva porque lo que ha pasado en general es que tenemos una política reactiva; entonces, cuando ocurre el desastre, nos ponemos a ver de dónde sacamos el dinero. Y entonces vienen los créditos de China, del BID, del Banco Mundial y nos vamos agarrando de todo lo que podemos para atender la emergencia y la recuperación.

A nivel privado también hay que generar una cultura de aseguramiento de bienes.

La informalidad constructiva es un factor de riesgo. ¿Cuánto se ha avanzado en este sentido?

Nuevamente es un tema de patrones culturales, ¿Por qué en otros lados sí podemos respetar la norma y en el país no?

¿Sanciones fuertes puede ser una opción?

Es posible. Cuando a uno le afectan el bolsillo, uno se porta bien. Es así. La plataforma se me lleva el carro y no quiero volver a pasar por esa situación. Y es posible que ese sea un mecanismo, pero también es importante saber que lo que está en riesgo es la vida de mi familia. Cuando yo construyo entonces no tiene que ser con el peor material. No respetamos las normas de construcción.

Pero también hay un factor importante de control de los gobiernos locales.

¿Qué hacer cuando el factor de riesgo es la ubicación?

Ese es un tema de planificación en manos de los gobiernos locales. Cuando hacemos la declaración de zona de riesgo lo que corresponde hacer es reducir la vulnerabilidad. En algunos casos los municipios deben tener recursos para pensar en reubicaciones de los ciudadanos. (I)