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Alecksey Mosquera indagado por enriquecimiento ilícito

El exministro Alecksey Mosquera fue el primer detenido por la red de Odebrecht. Espera el fallo en juicio por supuesto lavado de activos, una de sus acusaciones en su contra.
El exministro Alecksey Mosquera fue el primer detenido por la red de Odebrecht. Espera el fallo en juicio por supuesto lavado de activos, una de sus acusaciones en su contra.
Foto: Celec EP
19 de marzo de 2018 - 00:00 - Unidad de Investigación

Durante tres años, Alecksey Mosquera no tocó un solo centavo del millón de dólares que recibió de Odebrecht. Lo hizo, de acuerdo con la Fiscalía General, para desviar cualquier sospecha en su contra.

En 2008, el entonces Ministro de Electricidad recibió el pago de la constructora brasileña, que actualmente se convirtieron en dos procesos penales en su contra.

En su defensa, Mosquera argumentó que ese dinero fue por una asesoría que brindó a la compañía. Pero  la Fiscalía sostuvo que no dice la verdad, porque los pagos de Odebrecht llegaron luego de que Hidrotoapi (empresa pública creada por el Consejo Provincial de Pichincha) le entregó a Odebrecht los primeros desembolsos para la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón: una de las megaobras anunciadas por el anterior gobierno que todavía no funciona (ver subtema).

La acusación contra el exfuncionario (por lavado de activos) tiene su base en que Hidrotoapi recibía el dinero del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero (Feiseh). En 2008,  Mosquera era un miembro principal del comité que coordinaba el manejo de dicho fondo.

En ese mismo año, Fernando Bessa, exdirector de Negocios de Odebrecht en Ecuador, se contactó con Mosquera para agilizar los pagos. De acuerdo con su versión (que es parte del expediente fiscal) el exministro le pidió $ 1 millón por su gestión para esa obra.

Esto coincide con la reseña histórica de Hidrotoapi, que señala que el contrato con Odebrecht se firmó en diciembre de 2007 y que en enero de 2008 se iniciaron las obras.

Pocos meses después (en abril) Mosquera recibió el primero de tres pagos a la cuenta de la compañía Tokyo Trader en el BPA de Andorra. Según desprende la Fiscalía, la cuenta y la empresa fueron las coartadas para evitar a la justicia internacional.

En 2011, cuando todo era aparente calma, Mosquera empezó a mover el dinero. Lo hizo a Percy Trading, otra   empresa de papel creada en Panamá en ese mismo año.

  La Fiscalía sostuvo que entre agosto de 2011 a octubre de 2014, desde la cuenta de Percy Trading se realizaron 28 transferencias al extranjero por $ 467.300 y 77.000 libras esterlinas. El dinero fue a Ecuador y a compañías en EE.UU. y China. Ademas,  lo usó para comprar equipos mecánicos y otros artículos.

Carlos Baca, principal del Ministerio Público, indicó  que este artilugio fue usado para no dejar pistas. Sin embargo, Odebrecht cayó y su red mundial de sobornos quedó al descubierto.

Mosquera fue el primer funcionario público detenido en el país. Su arresto se cumplió en abril de 2017, luego de que se conociera el testimonio del abogado externo de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, quien reveló que conoció del pago de $ 1 millón al PEP (Personaje políticamente expuesto) de Ecuador, Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad.

Frente a ello, el expresidente Rafael Correa sostuvo que dicha acusación no tenía relación con Odebrecht, que el pago lo recibió en 2011 por una asesoría que facilitó a la constructora. “Un negocio entre privados”, declaró.

Distante de las palabras del expresidente y con las evidencias en su contra, Mosquera aceptó el delito y se disculpó con el país. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia emitirá la condena por lavado de activos.

Pablo Guerrero, abogado del exministro, pidió a los jueces que en la sentencia se considere el código penal vigente en 2008, que estipulaba hasta cinco años de prisión por lavado de activos. La idea es que no sea juzgado con las leyes penales actuales que establecen una condena de hasta 13 años por esa falta.

Según Guerrero, la balanza de la justicia debe ser a favor del reo, por lo cual debe considerarse el código penal anterior para el juzgamiento.

Fiscalía inició nueva indagación

La situación legal de Mosquera no terminará con el caso descrito. Justamente en la Fiscalía General se activó una indagación por supuesto enriquecimiento ilícito. Este expediente nació  de un informe de responsabilidades penales que emitió el año pasado la Contraloría.

Para Franklin Arévalo, quien se desempeñó como defensor de Antonio Mosquera S. (padre del exministro), la investigación de la Fiscalía debe extenderse porque existen piezas que no cuadran. Una de las principales es la función que cumplieron los tres miembros del Comité para el Fondo de Inversión, que para 2008 estuvo conformado también por Fausto Ortiz, quien era ministro de Economía y Galo Chiriboga, quien era ministro de Minas y luego Fiscal.

“Quien pide y mociona que el proyecto Hidrotoachi sea financiado por Feiseh es Galo Chiriboga, cuando era Ministro. Él es el que pidió el financiamiento y consta dentro de las actas, que las decisiones se toman por mayoría de votos. Si son tres los integrantes de este órgano colegiado se decide a través de dos votos”, destacó el abogado en la audiencia de llamamiento a juicio.

Otro ‘clavo suelto’ para Arévalo es conocer por qué Rafael Correa emitió un Decreto para disponer que los proyectos petroleros y energéticos se hagan con dinero del Fondo. Esta decisión, para el abogado, cambió las reglas  de la contratación de Toachi-Pilatón, pero nunca se concretó el testimonio de Correa.

Esas interrogantes no han sido resueltas y la sentencia para Mosquera se aproxima cada vez más.

El abandono gana terreno en la Toachi-Pilatón

Los Medios Públicos constataron  cómo está la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Los equipos están  cubiertos con plásticos para evitar su deterioro. La obra llegó al 95%. Fotos: Álvaro Pérez / et

La historia de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón es una tragedia. Hace 10 años se empezó a construir, pero hoy luce abandonada.

Las turbinas de la estación Sarapullo, parte de Toachi, están cubiertas con plásticos para  protegerlas de la tierra y el polvo. Lo mismo sucede con algunos equipos instalados que se encuentran en la intemperie. Para cuidarlos,  trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) tratan de darles mantenimiento a pesar de que nunca arrancaron. Otra maquinaria sigue embodegada en canchones cerca de  las instalaciones de la megaobra. En resumen, hoy Toachi-Pilatón es un gigante de cemento gris que estuvo a punto de nacer, pero no lo consiguió.

Óscar Naranjo, jefe de Equipamiento de la central, confirmó a los Medios Públicos que el avance de la obra es del 95%, del cual, la obra física está casi concluida, mientras que la electromecánica alcanzó un 85%. (ver infografía).

Indicó en caso de que una nueva empresa firme el contrato para terminar la obra, estos trabajos durarán hasta 20 meses para contar con toda la generación eléctrica de Toachi-Pilatón.

El potencial eléctrico de la central se conoce desde la década de los sesenta del siglo pasado, cuando ingenieros eléctricos recorrieron el país para encontrar los mejores lugares en donde instalar un sistema de generación de energía limpia y permanente. Sin embargo, el proyecto permaneció en el papel por más de 30 años a pesar de situarse a solo 100 km. de Quito.

En 1997, el expresidente interino Fabián Alarcón emitió el Decreto  para dar al Consejo Provincial de Pichincha la facultad de realizar el proyecto. Esa decisión no caminó mucho y quedó en el olvido.

En 2005, el exmandatario Lucio Gutiérrez buscó otro plan para concretar la hidroeléctrica y retiró la concesión a la Prefectura de Pichincha. Esa acción le trajo la oposición de todos los consejos provinciales del país, finalmente tampoco se concretó.

Luego de la caída de Gutiérrez, su reemplazante, Alfredo Palacio, retornó el proyecto a manos de la Prefectura, la cual decidió crear una Sociedad Anónima para terminar los conflictos, pero la obra otra vez se postergó.

La llegada de Rafael_Correa a la Presidencia le dio otro empuje: se concretó el contrato con la hasta entonces famosa empresa brasileña Odebrecht.

Incluso, el propio Correa estuvo en la colación de la primera piedra en enero de 2008. Para entonces se anunciaba que en cuatro años estarán trabajando a toda turbina y que se generarían 254Mw, un seis por ciento de la demanda nacional de energía. Pero a fines de ese año Odebrecht fue expulsada del país y el Presidente ordenó dar  por terminados todos los contratos con la compañía.

El 27 de enero de 2009, Hidrotoapi rompió la relación con la constructora brasileña con un Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo. Odebrecht devolvió más de $ 98 millones que recibió como adelanto para iniciar las obras. Dinero que supuestamente fue gestionado por el entonces ministro Alecksey Mosquera. Y en contra partida recibió $ 6 millones por los trabajos que logró cumplir.

Dos años después, para conseguir la meta, Hidrotoapi firmó dos contratos por $588 millones. El primero, con la empresa china Water&Electric, para las obras civiles; el segundo, con la compañía rusa Inter Rao UES, para obras hidromecánicas, pero esta firma se marchó tras declararse la terminación unilateral del contrato.

Actualmente la obra está en manos de la Corporación Eléctrica, que entregó a una Unidad de Negocios de la misma institución el manejo del megaproyecto. Esta entidad, en su última rendición de cuentas,  mencionó que su objetivo es convertirse en 2021 en un referente nacional en la provisión de energía limpia, como se lo planificó en el siglo pasado.

Rehabilitación

- Otro caso de Mosquera.  El exministro de Electricidad,  Alecksey Mosquera, fue declarado inocente en un juicio porque supuestamente ingresó artículos prohibidos al centro de rehabilitación social donde permanece detenido desde abril de 2017.

- 10 años de prisión es la máxima condena que la ley establece para el enriquecimiento ilícito.

- El monto está en debate. La defensa de Mosquera nunca aceptó la cantidad de dinero al que se refiere la Fiscalía en su acusación. Asegura que fue un monto menor y que tampoco se consideraron sus ganancias legales. (I)

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