Un grupo de indígenas y colonos de Orellana y Sucumbíos, en la región Amazónica, protestaron este lunes frente a la Corte Constitucional, para exigir justicia y la sentencia a Chevron, empresa estadounidense a la que se le atribuye la contaminación petrolera de esos territorios durante 1964 y 1992.

La protesta estuvo liderada por el representante legal de los afectados, Pablo Fajardo, quien exigió al máximo organismo de control constitucional que resuelva el recurso presentado por la petrolera en enero de 2014, en donde solicitó “una acción extraordinaria de protección” y pidió que se anule la condena que le impusiera una corte ecuatoriana en 2011 por daño ambiental en la región.

Según esa condena, Chevron fue obligada a cancelar una indemnización por $ 9.500 millones. “La empresa niega el fallo porque justifica que el proceso estuvo marcado por un tema de fraude y porque no se hizo el debido proceso”, dijo el abogado Fajardo.

Insistió en que jurídicamente, los recursos planteados están agotados. “No entendemos por qué los jueces en más de tres años, no han emitido la sentencia respectiva”.

Con la presencia de al menos 25 afectados, Fajardo solicitó que ese recurso legal pase al pleno de la Corte Constitucional para que haya una sentencia. “Desconozco el porqué no hay una respuesta, creemos en la Corte pero por justicia ya debería existir una respuesta”.

Durante la denominada Jornada Global Anti-Chevron, organizada por la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), los demandantes indicaron que un caso legal, por lo general, se resuelve de 1 a 2 años. Lamentan que el "caso Chevron" lleve más de tres años.

Según cifras del representante legal, durante la extracción de petroleo en la región amazónica, la empresa norteamericana vertió 18 mil millones de agua tóxica en los ríos y creó más de 800 piscinas contaminadas. Asimismo, destacó que la petrolera botaba crudo en las carreteras, lo que provocó que existan "hombres, mujeres y niños con cáncer y que los pueblos originarios estén gravemente afectados en su cultura y ecosistema", concluyó el abogado.

Donal Moncayo, uno de los afectados, recuerda que nació en Sucumbíos, a 200 metros del segundo pozo que perforó Chevron-Texaco. "Hicieron una remediación (entre comillas) pero luego vimos las dimensiones de los daños. Hubo muerte de animales, ríos sin vida y abortos espontáneos. Mi mamá tuvo tres abortos. El río Teteyé arrastró todo el agua de formación de la estación Lago Agrio".

Él así como otra docena de afectados que protestaron en el parque Arbolito, al frente de la Corte Constitucional, esperan que ese organismo resuelva el caso en el tiempo más corto posible. “No es justo que la Corte Constitucional, que entre sus derechos, debe tutelar los derechos humanos de los afectados, haga exactamente lo contrario”, puntualizó uno de ellos. (I)