Un total de 1.609 entidades públicas, medios de comunicación e instituciones de educación superior no presentaron sus informes de rendición de cuentas de gestión de 2013 al Consejo deParticipación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

De esta cifra, 855 son instituciones públicas propiamente dichas; 435, medios de comunicación, entre públicos y privados; y 319, organismos de educación superior.

Fernando Cedeño, titular del Cpccs, entregó en compañía de los otros vocales  la información a Carlos Pólit, contralor General del Estado, para que inicie un examen especial en las entidades incumplidas.

La información no entregada está relacionada con el manejo de los fondos públicos asignados y lo invertido en función del Plan Operativo Anual (POA).

En el caso de los medios de comunicación, 435 no presentaron de un estimado de 1.200. Para este sector no fue obligatorio este año, pero en 2014 sí se exigirá este deber.

En el sector de educación superior el Cpccs reportó que 319 instituciones a escala nacional no rindieron cuentas.  

Además se destacó que 7.014 instituciones sí cumplieron con su obligación de transparencia. Esta cifra significa un aumento del 806% más en comparación con los años anteriores, afirmó Cedeño.

Tal es el caso de que 70 entidades públicas cumplieron en 2010; 600 en 2011, y 870 en 2012. Con esas cifras el Cpccs consideró el resultado como “muy exitoso” porque existe un avance sustancial de entidades que rinden cuentas a la ciudadanía.

El Consejo redactó una guía metodológica de rendición en función diferenciada de las diversas entidades del Estado y un proceso de sistematización, organización, y talleres de socialización en cada jurisdicción. Además se hizo una aplicación web para que las instituciones ingresen la información a través de internet.

Cedeño reconoció que falta mucho por hacer y que existen grandes contravenciones en los gobiernos  descentralizados, como por ejemplo juntas parroquiales y en los puestos de niveles desconcentrados.

El funcionario recordó que este año tuvo características especiales por las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero. Por eso se generó un cronograma diferente para que no interfiriera la rendición de cuentas con el proceso electoral.

El artículo 11 de la Ley Orgánica del Cpccs establece que “en caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información”.

Para definir las posibles sanciones, primero la Contraloría deberá realizar un examen especial a las entidades que no transparentaron sus operaciones según la ley.   

Carlos Pólit lamentó la existencia de instituciones que aún no cumplen y se comprometió a realizar los respectivos exámenes de gestión y actuar conforme determina la ley.

Tras una reunión posterior entre las 2 autoridades se buscaron mecanismos de acercamiento, para que esta exigencia tenga otro nivel de cumplimiento de las instituciones. A través de la Función de Transparencia y Control Social se articulan niveles de trabajo en conjunto y se aclaró que el afán no es perseguir a nadie.  “La idea es que también la ciudadanía se empodere y exija el cumplimiento de esta obligatoriedad”, dijo Cedeño.

Con ello se anunció la presentación de un informe de las auditorías realizadas a 870 entidades públicas de 2012.