Está establecido en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad): los municipios tienen la obligación de actualizar cada dos años su información catastral. Menos del 50% cumple con esta disposición.

La semana pasada la gerenta general del Banco del Estado (BdE), Verónica Gallardo, alertó que de los 221 municipios que tiene el país, solo 99 han actualizado su información catastral urbana y rural. El registro catastral de predios urbanos y rurales es una herramienta que no solo sirve como referencia sobre los predios, sino que es considerado una importante fuente de financiamiento de los cabildos para obras. La información es la base en el cobro de los impuestos prediales y en la planificación urbana.

Por eso Gallardo consideró que cada nivel de gobierno debe asumir sus propias competencias. El BdE otorga créditos a los gobiernos autónomos descentralizados que financian infraestructura básica y saneamiento ambiental, principalmente. Esos créditos reciben subsidios del Gobierno Nacional, los cuales forman parte de las subvenciones a los GAD que serán revisados. Así lo anunció el presidente Rafael Correa hace 2 semanas.

“Las asignaciones están establecidas por ley y crecen cada año. Lo que no podemos hacer es subsidiar y financiar competencias que no son nuestras”, indicó en su momento el Jefe de Estado, al señalar algunas como la de tránsito, que deben ser asumidas por los gobiernos locales.    

Pese a la exigencia del artículo 139 del Cootad no hay un mecanismo para que se cumpla a cabalidad con la norma. “No existe un ente que supervise, además los organismos como la Contraloría del Estado máximo pueden formular un comentario o realizar observaciones, pero de allí no pasan”, manifiesta el legislador Octavio Villacreses, quien también es arquitecto urbanista.

Sobre los motivos por las cuales los municipios no actualizan la información catastral en sus localidades, Villacreses aduce dos principalmente: por incapacidad para hacerlo, o por falta de compromiso. El exconcejal de Guayaquil reconoce que este tema debió estar incluido en el Cootad. No descarta alguna acción fiscalizadora, pues la Asamblea Nacional  tiene esa capacidad.

El legislador quiere el apoyo de la ciudadanía “porque si no queda como que uno quiere desprestigiar a los municipios”.   

Para el alcalde de Salitre, Francisco León (quien fue además titular de la AME Guayas), el problema no es fácil de solucionar porque existen municipios que carecen de técnicos para actualizar el catastro. Agrega que en muchas comunidades la población se ha acostumbrado a vivir sin cultura de pago y de asumir algunas obligaciones, por lo que se oponen al catastro.

“Cuando entré al Municipio de Salitre (2009) al principio se recaudaba un promedio de $ 3 mil mensuales por este concepto, pero ahora la cifra bordea los $ 30 mil”, comenta León al considerar que este incremento se debe principalmente a que la población observa la gestión municipal.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), por su parte, señala que una de sus funciones es capacitar a funcionarios de los GAD en diversos temas, entre ellos la información catastral.

DATOS

En 2011 el BdE levantó una información catastral en el país. De los 221 municipios 201 respondieron. El 95% indicó que tenía una unidad de avalúo y catastro.

El 44% de los municipios asumió el tema catastral desde 1995. De 203 municipios, 66,5% indicaron que tenían menos de 5 personas en esa unidad, 15,76% entre 5 y 9 personas, y 12% más de 10 personas.  

Sobre la tecnología, el 98% de municipios aseguró tener un  sistema de software para catastro; el 91% implementó sus sistemas después del 2000, pero la información que tienen es básica.     

El 45% de los GAD actualizó su catastro entre 2005 y 2009; el 15% lo hizo hasta 2011, el 23% cumplió esta acción en los últimos 6 años. El 19% de los municipios dijo que estaba desarrollando un software para gestión catastral.