Ha transcurrido una semana, en la cual se realizó el alza de pasajes que tomó por sorpresa a los usuarios del sistema de transporte interparroquial de las cooperativas Tumbaco, Yaruquí, Pifo, Puembo y el Quinche. En rutas cortas el aumento fue de 10 centavos y en las de larga distancia incluso se duplicó el valor antiguo, pero los usuarios no ven ninguna mejoría.

Sofía Guerra vive en el barrio San José de Collaqui, en la parroquia Tumbaco, nororiente de Quito. Cada mañana utiliza el transporte público para desplazarse hacia su trabajo, en el centro de la capital. Antes lo hacía con 35 centavos, pero desde el 29 de agosto invierte $0,70. El incremento fue del 100%.

“Es arbitrario y desproporcionado lo que hicieron. Nunca nos socializaron el proceso y de la noche a la mañana nos ponen estos valores. Se supone que debe haber mejoras en el servicio, pero este sigue siendo pésimo. Nos llevan como costales de papas y no tenemos garantías de seguridad por ningún lado cuando se pide auxilio”, expresó Guerra.

Por otra parte, Gissel Paredes, secretaria de Movilidad del Municipio, aclaró que este proceso fue realizado a partir de la ordenanza 017, donde se indica que se realizarán las actualizaciones tarifarias conforme se cumpla con requisitos administrativos y técnicos (colocación de GPS, cámaras, contadores de pasajeros, radios enlazados al ECU-911, botones de pánico).

“La compañía Sotranor, que es la que agrupa a las unidades que dan el servicio en estos sectores, inició su proceso en enero de 2021 y finalizó en septiembre del mismo año. No es una decisión que se ejecutó sin ningún sustento, se la hizo sobre una base legal”.

Pero también se menciona en el documento que este trámite debe ser socializado con la comunidad y ahí radica otra parte del problema, según aducen pasajeros como Andres Bravo, quien es presidente del sector de Tumbaco y aseguró que jamás recibió un comunicado o notificación al respecto.

“Dicen que han avisado, pero no ha de ser a los que usamos los buses. Esperamos que la secretaría de Movilidad nos dé oídos para hacer una mesa técnica y considerar un alza paulatino y no tan abrupto, pese a que no se merecen porque el servicio sigue siendo pésimo. Esta decisión silenciosa solo nos deja dudas y parecería que hay gato encerrado. Si no nos dan alternativas acudiremos a la ley y solicitaremos una acción de protección”, enfatizó.

Así como Bravo, otros usuarios también mostraron su inconformidad y dijeron que no tienen garantías durante su viaje, aspecto que es considerado como uno de los requisitos para aprobar el trámite que exige la Secretaría para el incremento del pasaje.

“Las cámaras de videovigilancia no funcionan y lo digo con convicción, porque una vez les pedí la filmación como evidencia de un robo y me dijeron que no servían. No hay controles de la gente que sube por atrás o baja por delante. No respetan el límite de velocidad y corretean. Hay maltrato al pasajero también. No merecen ganar más”, agregó Nelson Cachago, usuario del servicio.

Nathaly Pérez, propietaria de buses de la cooperativa Tumbaco, corroboró las falencias identificadas por Cachago, y también aceptó que no hubo una correcta socialización del tema en cuestión. “Sabemos que tenemos esas debilidades, pero no todo es perfecto y estamos mejorando. También es cierto que no hubo una correcta comunicación con la gente y muchos usuarios fueron sorprendidos a la hora de pagar, pero era necesario hacerlo porque estábamos percibiendo pérdidas”, añadió.

La secretaría de Movilidad aclaró que esta medida es irreversible, puesto que fue ejecutada sobre la base de la ordenanza mencionada. “Podremos recibir la documentación que emita la comunidad para analizarla”, finalizó la funcionaria.