Con 4 votos a favor y un voto salvado del juez Richard González Dávila, el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), destituyó a los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), miembros de la denominada “Liga Azul”.

El pasado 3 de septiembre de 2024, el TCE resolvió la destitución de los consejeros: Augusto Verduga, Yadira Saltos y los suplentes Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga por haber recibido auspicio del Movimiento Revolución Ciudadana (RC) durante la campaña electoral, cometiendo una "infracción electoral muy grave". 

En la audiencia se leyeron los recursos de apelación presentados por los consejeros y el TCE resolvió negar este recurso contra la sentencia de primera instancia.

El juez Guillermo Ortega, quien llevó adelante la causa, propuso la destitución de los consejeros y las siguientes sanciones:

1. Suspensión de los derechos de participación política durante cuatro años.
2. Se fijó una multa de 70 salarios básicos unificados, equivalentes a USD 31.500 para cada funcionario.

En contexto

Todo inició con una denuncia presentado por los activistas Mónica Jaramillo, Pamela Troya y Santiago Becdach, contra los consejeros por infringir el Código de la Democracia, relacionadas a incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) o del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), acerca de recibir apoyo de partidos políticos. 

El pasado 3 de septiembre de 2024, el expresidente del TCE, Fernando Muñoz resolvió la destitución de los consejeros. Esta decisión fue apelada por los funcionarios. Eduardo Franco Loor, juez suplente fue principalizado en reemplazo de Juan Esteban Guarderas, destituido por incumplimiento de funciones por parte del Legislativo.

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