El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió el segundo debate del proyecto de ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, por la cantidad de solicitudes de intervención. La sesión 774 se desarrolló este viernes 3 de junio del 2022, pero no concluyó.

Saquicela informó que a las 09:30 del martes próximo se retomará el debate para conocer el criterio del Pleno sobre el informe elaborado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. 33 legisladores pidieron que se los tome en cuenta para participar, por lo que a las 17:30 se puso un alto a la sesión. 13 parlamentarios intervinieron en esta primera jornada.

El legislador Ramiro Narváez comenzó con el debate, a las 14.45 de este viernes, en calidad de ponente del proyecto de ley. El cuerpo legal cuenta con 9 capítulos, 74 artículos, 5 disposiciones generales, 13 transitorias, 31 reformatorias y 1 derogatoria.

Durante su elaboración, la Comisión recibió más de 1.300 observaciones por parte de mesas técnicas, comisiones generales y aporte de otros asambleístas. Además se incorporó el criterio planteado por representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes penitenciarios, dado que la ley tendrá relación directa con sus funciones.

Aspectos del proyecto de ley

El asambleísta Narváez aclaró que las armas letales están prohibidas para ejecutar acciones de dispersión, es decir, en movilizaciones sociales. “El uso legítimo de la fuerza jamás se puede confundir con acciones extrajudiciales”, manifestó.

El ejercicio del derecho a la resistencia y la protesta social están precautelados en la propuesta de marco legal, Además, los animales están prohibidos de ser implementados en operaciones de uso de la fuerza.

En cuanto al amparo y asistencia jurídica para los efectivos de la Policía Nacional, militares y agentes penitenciarios, en el proyecto se plantea la no devolución del costo en caso de sentencia, así como el patrocinio administrativo y penal hasta el final. La Defensoría Pública acompañará al procesado durante las diligencias por emplear la fuerza y su núcleo familiar contará con un seguro de vida.

También se aplicarán reformas al Código Orgánico Integral Penal para sancionar el ingreso de armas a los centros de rehabilitación social, en el ámbito de seguridad penitenciaria y en la extralimitación de ejecución de actos de servicio.

La asambleísta Blanca Sacancela señaló que el proyecto debe aprobarse porque la Policía Nacional necesita una ley que los ampare y que no se permita que se judicialice a los gendarmes por hacer su trabajo. Rodrigo Fajardo complementó que es una herramienta para que procedan sin miedo.

De la decena de legisladores que intervinieron en el debate, el pronunciamiento general fue de respaldar la ley como una solución jurídica para la labor policial y así combatir la delincuencia, ante la ola de violencia en el país.