La Procuraduría General del Estado brindó un informe favorable para la realización de una Consulta Popular remitida por el Ejecutivo en temáticas como seguridad, fortalecimiento de la democracia y medioambiente. El pliego fue enviado a la Corte Constitucional, que será la instancia encargada de su aprobación. 

El Ejecutivo plantea realizar la Consulta Popular en los comicios seccionales previstos para el 5 de febrero de 2023. No obstante, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, indicó que el llamado podría procederse con anterioridad debido a la urgencia de los temas planteados en ocho preguntas. 

La Procuraduría aseguró que "estos temas no alteran la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, no establecen restricciones a los derechos y garantías, ni modifican el procedimiento de reforma de la Constitución", por lo que recomienda dar paso a su validación. 

En la propuesta del Gobierno Nacional se plantea tema como la extradición de ciudadanos involucrados en delitos como narcotráfico, la autonomía para la Fiscalía, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reducción de asambleístas y la extracción de recursos en áreas protegidas. 

La Fiscalía General del Estado pidió intervenir en el proceso para la pregunta que involucra la autonomía del organismo, en referencia a temas como designación del titular de la cartera y sus competencias. 

De momento, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la revisión de las pregunta ni el plazo establecido para su aprobación.