Este lunes 17 de febrero se conoció que la Corte Constitucional (CC) dio paso a una acción extraordinaria interpuesta por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Esto implica que un grupo de trabajadores de Cnel, que se beneficiaron de derechos colectivos para los que no eran elegibles mediante un contrato colectivo, deberá devolver un valor de USD 79 millones al Estado.  

En la sentencia, interpuesta por la jueza Karla Andrade, se dispuso que el Ministerio de Energía como ente regulador de las empresas en materia de electricidad, será el encargado de definir el número de trabajadores y los valores exactos que deberán devolver cada uno de ellos tras este fallo.  

La sentencia dispuso que se ejecute el proceso administrativo de pago de forma inmediata, pero que se podrá realizar convenios de pagos con los beneficiarios como la devolución de los valores adeudados de forma mensual y a 36 meses plazo, como máximo.

Esto fue lo que ocurrió

En 2021, el dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Richard Gómez y Lizette Pinos, coordinadora de Talento Humano de CNEL,  interpusieron una acción de protección como apoderados judiciales de más de 1.570 servidores públicos de carrera en CNEL. 

Según los dirigentes, estos funcionarios de CNEL, que estaban bajo la Ley de Empresas Públicas, pasaron a ser parte de un contrato colectivo, alegando que se trataba de una norma “discriminatoria”. 

A esto, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez aclaró que la Ley de Empresas Públicas, en el artículo 26, establece que “los contratos colectivos solo pueden beneficiar a los trabajadores y no a los servidores públicos”. 

La CNEL apeló este fallo de la corte, pero el recurso fue rechazado por esta Unidad Judicial. En 2022 CNEL presentó una acción extraordinaria de protección en contra de estas sentencias, pero no fue aprobada.

La sala provincial dispuso que el caso fuera remitido a la Corte Constitucional; sin embargo, la CNEL reiteró su solicitud de desistimiento y pidió que se revocara la decisión de la sala de remitir el expediente a la CC. Posteriormente, la CNEL pidió se retire la demanda y fue archivada por la sala encargada.

En septiembre de 2022, Richard Gómez y Lizette Pinos presentaron una solicitud al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (TDCA) para iniciar el proceso de reparación económica derivado del cumplimiento de la sentencia.

En febrero de 2023, el tribunal aprobó la solicitud y estableció que la CNEL debía abonar la suma de USD 79,8 millones. Sin embargo, la corporación presentó un recurso de revocatoria, y el proceso fue desestimado.

En abril de 2023, el juez ordenó a la CNEL realizar el pago en un plazo de 48 horas, pero la entidad argumentó que el cumplimiento de las sentencias de primera y segunda instancia era inejecutable. Por lo tanto, solicitó que se modularan los efectos de la sentencia y se dejara sin efecto el plazo de 48 horas, petición que fue rechazada.

En 2024, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, solicitó a la sala provincial que la notificara sobre la sentencia de diciembre de 2021, ya que debía haber sido parte procesal. La sala rechazó su solicitud, y en respuesta, la ministra pidió la revocatoria del auto, lo que también fue denegado.

¿Cuál es la situación de los jueces que dispusieron esta causa?

La Corte señaló que tres jueces de la Corte Provincial de Los Ríos, encargados de declarar la titularidad de derechos laborales como parte de un contrato colectivo, cometieron un “error inexcusable”. El Consejo de la Judicatura deberá iniciar un proceso de carácter sancionatorio contra esos jueces.

Según Ivonne Núñez, ministra de Trabajo “el accionar de los jueces no solo debe ser sancionado de forma administrativa, sino que se deben tomar acciones civiles y penales, por un presunto delito de prevaricato”.

El contrato colectivo busca otorgar derechos laborales y económicos en materia social y mejorar su remuneración. La ministra de Trabajo explica que “de ninguna manera, la remuneración de un obrero equivale a un sueldo de gerente o director”,

“Esto fue una determinación y un acuerdo de abogados, que llevaron de forma engañosa un proceso judicial, haciéndoles pensar a los trabajadores que estaban siendo perjudicados,” manifestó la ministra.

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