El presidente Guillermo Lasso dispuso que en todas las provincias se intensifiquen los operativos para el control de precios y enfrentar así a la especulación. Mediante el Decreto Ejecutivo N°452, la orden entrará en vigencia desde el 15 de junio del 2022.

En el documento oficial, el Presidente señaló que todos los gobernadores deben coordinar con las Intendencias de Policía los mecanismos de control para “prevenir y erradicar procesos especulativos”. Esto, luego de que se denunciara que en ciertos productos se eleva, de manera ilegal, el precio final.

Cometer este delito es penado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), según el caso. Por ejemplo, no pagar el precio mínimo de sustentación para el banano, maíz, arroz, leche cruda u otro producto agrícola será sancionado con uno a tres años de cárcel. En cambio, de 15 a 30 días de privación de libertad recibirá aquel que incremente sin autorización los valores de productos sujetos a precio oficial.

La especulación de precios ha sido uno de los reclamos de organizaciones campesinas y de gremios de productores. El Ministerio de Agricultura indicó en semanas pasadas que en sus oficinas se pueden presentar denuncias por el incumplimiento de la norma. Algunas de las sanciones pueden ser la suspensión de las operaciones comerciales de las empresas infractoras.