La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional acogió 49 pruebas de oficio dentro del proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Estas dan un primer atisbo de los argumentos de los interpelantes que permitirán a la defensa del Primer Mandatario recopilar las pruebas de descargo. Estas se deberán presentar hasta el domingo, 16 de abril.

Al respecto, Patricia de Guzmán, subsecretaria de Gobernabilidad, aseguró durante una entrevista en Ecuador TV que el Gobierno está trabajando en ello. Pero que era necesario singularizar la prueba. “Los proponentes contemplaron tres causales para el juicio, la Corte Constitucional dio paso a uno, por lo que era lógico que no todas las pruebas presentadas fueran acogidas”, explicó de Guzmán. Añadió que será este organismo el que deberá observar que se cumpla el debido proceso.

Actualmente, se conoce que una de las principales pruebas contra el presidente Lasso es una carta enviada por Johnny  Estupiñán, ex gerente general de la Empresa Pública de Transporte Marítimo de Hidrocarburos, en la que informa sobre el proceso de terminación de contrato con la empresa Amazonas Tanker Pool, en Nueva York. Esto debido a un supuesto perjuicio económico para el Estado.

No obstante, tres días después, el mismo Estupiñán envía un correo a Amazonas Tanker Pool en el que notifica su decisión de revocar el preaviso de seis meses para la terminación unilateral del contrato.

Para de Guzmán, esta prueba carece de solidez, puesto que el presidente Lasso no manejó el tema de forma personal. “El problema es que quieren darle al presidente responsabilidades que no son de él. Se delegan funciones particulares a sus ministros y la carta pasó por el debido proceso”, comentó.

Además, recordó que la Contraloría en ningún momento determinó que haya responsabilidad de tipo penal. “Incluso la interpelante Mireya Pazmiño recomendó que se siga adelante con el contrato, ya que estaba dejando ganancias al estado”, acotó.

La Subsecretaria también comentó sobre las denuncias de supuestas irregularidades dentro del juicio político. "Los interpelantes están denunciando que hay compra de votos y es algo que van a tener que comprobar (...) Si ellos tienen pruebas suficientes que esto está sucediendo tendrán que presentarlas", aseguró.