El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, mediante el Decreto Ejecutivo 601, ratificó que la Policía Nacional es la única institución autorizada para planificar y ejecutar la política pública de seguridad ciudadana y de convivencia pacífica. Esta labor deberá realizarse bajo la rectoría del ministerio competente y conforme a la normativa vigente.

En este marco, el mandatario dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como cualquier entidad de la Función Ejecutiva, tienen prohibido entregar fondos, recursos o bienes públicos a milicias urbanas, colectivos o comités de defensa con ideologías políticas.

“Estas funciones deben cumplirse con imparcialidad, sin favorecer indebidamente a personas o grupos que pretendan atribuirse competencias exclusivas del Estado", señala el comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República.

El documento advierte, además, sobre los riesgos de permitir este tipo de prácticas fuera del marco institucional. “Experiencias en otros países latinoamericanos han demostrado que acciones de este tipo han derivado en la consolidación de grupos armados irregulares”, agregó el comunicado.

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