¿En qué casos aplica la pérdida de los derechos políticos? La pregunta está sobre la mesa después de que están vigentes prohibiciones como en los casos del exalcalde de Quito Jorge Yunda o del asambleísta electo, Patricio Carrillo.

La Constitución establece la pérdida de los derechos políticos total o parcialmente de una persona cuando tiene una sentencia ejecutoriada. También se aplica en los casos en los que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo decide o, a su vez, después de un juicio político planteado por la Asamblea Nacional.

Para cada una de esas opciones el escenario es diferente. Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa perdió la posibilidad de participar en elecciones después de que fue sentenciado por el denominado Caso Sobornos.  Parte de la sentencia fue la pérdida de sus derechos políticos por 25 años.

El constitucionalista Ismael Quintana explicó que, para los casos de sentencias ejecutoriadas hay dos posibilidades. La primera es que la misma decisión de la Justicia establezca que el acusado pierda los derechos políticos. La otra es que el delito por el que una persona fue sentenciada tenga que ver con los denominados delitos en contra la Administración Pública, entre ellos está el cohecho. En esos casos, todos los sentenciados están inhabilitados para ejercer sus derechos políticos.

El segundo escenario para perder este derecho tiene que ver con las decisiones que toma el TCE. Está relacionado con las denominadas infracciones electorales muy graves establecidas en el Código de la Democracia. Este es el caso del exalcalde Jorge Yunda.

El viernes pasado, el TCE resolvió el recurso de ampliación y aclaración que estaba pendiente por su sentencia relacionada con una infracción electoral muy grave. El caso tiene que ver con la remoción de su cargo en el 2021.

#TCEinforma I ?️ Se desarrolló la Sesión Extraordinaria Jurisdiccional N. 183, se analizó la causa 631-2021-TCE.
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— TCE Ecuador (@TCE_Ecuador) August 25, 2023

Yunda regresó a la Alcaldía de Quito después de una acción jurisdiccional y el caso llegó hasta la Corte Constitucional (CC). Sin embargo, antes del fallo de la Corte, su sucesor, Santiago Guarderas, puso la denuncia ante el TCE por lo que consideraba un incumplimiento a la sentencia que ratificó su remoción.  

Finalmente, otro escenario que contempla la pérdida de derechos políticos es la destitución del cargo después del juicio político en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla ese mecanismo, por ejemplo, para autoridades de estado como ministros, secretarios o el Presidente.     

Ese es el caso de Carrillo a quien la Asamblea lo censuró por incumplir sus funciones como Ministro del Interior en el caso de María Belén Bernal y por su gestión durante el paro nacional de junio de 2022. Fue inhabilitado para ejercer un cargo público por dos años.

Sobre este caso, el también constitucionalista André Benavides señaló que estaba habilitado para candidatizarse. Sin embargo, tiene inhabilidad para ejerecer el cargo.