El 51% de la población en América Latina consideraba que la corrupción era el principal problema que afectaba a la región antes de la pandemia, una sensación que continúa dado el alto gasto público por parte de los Gobiernos y de manera más discrecional, en los que abundan los casos de irregularidades en el uso de fondos y en las compras públicas para paliar la emergencia.

Así lo señaló el vicepresidente de conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Pablo Sanguinetti, durante su intervención en el encuentro virtual en el que presentó el informe RED 2019 “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, donde también participó el economista principal de CAF, Gustavo Fajardo.

"El problema se ha agravado por la necesidad de que dichas compras sean realizadas utilizando métodos más ágiles y directos, por fuera de los controles habituales", mencionó Sanguinetti, quien destacó que, en este sentido, es fundamental que la ciudadanía se empodere contra la corrupción.

Por su parte, Fajardo expuso la importancia de "conseguir que las decisiones de política pública tengan que ver con el bienestar colectivo, con el interés común y no con el interés individual".

Fajardo sostuvo que existe cierta permisividad social hacia la corrupción, ya que un tercio de los encuestados por CAF no reconoce como corruptos "casos evidentes de corrupción o los atenúa en función de determinados factores como la ideología política".

El economista subrayó la importancia de reformas procesales en los sistemas de justicia o la necesidad de mejorar la información sobre los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado.

Entre las claves detalladas por el economista y recogidas en el informe, se encuentran el uso de protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones, el refuerzo de los sistemas de auditoría y fiscalización, y la realización de esfuerzos en determinados sectores de actividad, sobre todo en el de infraestructuras.

El informe también recomienda realizar esfuerzos en el desarrollo de capacidades de investigación y administración de justicia, el fomento de sistemas electorales competitivos y transparentes, la profesionalización del servicio civil, el aumento del atractivo de la función pública o la provisión a la ciudadanía de información de calidad.

Asimismo, aboga por el empoderamiento a los ciudadanos y el fomento de actitudes más vigilantes, la garantía de acceso a los canales de reclamo, el refuerzo de la institucionalidad contra el pago y el ofrecimiento de sobornos, la regulación de conflictos de intereses y 'lobbys'. (I)