Banny Molina, exjuez de Garantías Penitenciarias, es llamado a juicio por su presunta participación en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Según información de la Fiscalía General del Estado, el exmagistrado habría actuado con su jurisdicción suspendida, ya que había sido llamado a juicio en otra causa.

#URGENTE | #Manabí: Banny M., exjuez de Garantías Penitenciarias, es llamado a juicio por su presunta participación en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Habría actuado con su jurisdicción suspendida, ya que había sido llamado a juicio en otra causa. pic.twitter.com/ouYpIyv6tY

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 30, 2022

Según información oficial, el Presidente de la Corte de Justicia de Manabí dictó auto de llamamiento a juicio en contra del Molina al encontrar serias presunciones de su participación en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

Además, dispuso que se mantengan las medidas cautelares de prohibición de salida del país y arresto domiciliario y uso del dispositivo de vigilancia electrónico, mismas que fueron dictadas en la audiencia de formulación de cargos.

Entre los elementos de convicción, presentados para sustentar la acusación fiscal, se encuentran la resolución con la cual –con voto de mayoría– se dictó el auto de llamamiento a juicio al exjuez y la resolución que él habría emitió horas más tarde, en donde benefició con una acción de habeas corpus a tres privados de libertad.

Molina, quien fue destituido por el Consejo de la Judicatura del Ecuador (CJE), afronta un proceso en su contra, tras emitir tres órdenes de excarcelación el 5 de agosto de 2022, que beneficiaron a dos sentenciados por corrupción, el exvicepresidente Jorge Glas (cohecho y delincuencia organizada) y Daniel Salcedo (peculado).

Según la Fiscalía, el juez no tenía competencia para emitir el beneficio contra los condenados por encontrarse en Manabí.  Tanto Glas como Salcedo se encontraban recluidos en la Cárcel 4 de Quito.

La Fiscalía procesó a Molina en agosto de 2022, tras una denuncia de Andrés Peñaherrera, director general del CJE. El exjuez permanece en arresto domiciliario desde el 10 de agosto y afronta otro juicio por prevaricato, que data del 2018. 

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