El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Daniel Noboa Azín, solicitó 48 horas para analizar y revisar las observaciones planteadas en el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones. El trámite de esta iniciativa legal, remitida por el Ejecutivo, se reinstalará el jueves 24 de marzo de 2022.

Durante la sesión efectuada la mañana de este martes, 20 legisladores participaron para emitir sus consideraciones sobre el proyecto que envió el Gobierno para establecer una normativa que permita la inyección de capitales extranjeros en proyectos en el país. Esto, a través de alianzas público – privadas.

Noboa se amparó en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para pedir la suspensión de la sesión por un máximo de dos días y así reunirse con los jefes de las cinco bancadas legislativas para tratar de llegar a un consenso. Además, en ese lapso se procesarán las observaciones vertidas durante el debate y que podrían incorporarse en el texto final.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, suspendió la sesión y exhortó a la Comisión a que entregue el informe de mayoría para segundo debate con antelación a la convocatoria del jueves, prevista para las 13:00. “Hay que tener en cuenta que se deben cumplir con los plazos establecidos para el tratamiento de un proyecto de ley con calificación de urgente; para aprobar, modificar o negarla”, acotó.

El proyecto al ser enviado por el Ejecutivo en calidad de urgente en materia económica, el plazo máximo para su trámite es de 30 días. Por eso, a la media noche del viernes 23 de marzo fenecen los tiempos y, de no contar con una resolución del Pleno, se publicaría en el Registro Oficial por intermedio del ministerio de la ley.

 El proyecto necesita de 70 votos afirmativos para su aprobación. Sin embargo, el asambleísta Darwin Pereira, de Pachakutik, presentó una moción para su archivo, que en el caso de acogerse impediría el trámite del proyecto de ley por un año.

Las discrepancias surgen por la tesis de las bancadas de oposición que aseguran es un mecanismo de privatización, mientras que del lado oficial se aclaró que la iniciativa legal fomentará la inversión, lo que a su vez generará más empleo.