Este lunes 30 de mayo del 2022 se cumplía el plazo para que la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, convocara a sesión plenaria para conocer el informe de la Comisión Multipartidista ad hoc que la evaluó. Sin embargo, la titular del Legislativo no lo hizo por las medidas cautelares que le concedió un juez de Quito a Pachakutik para evitarlo.

La Comisión fue notificada que su informe no sería puesto a consideración del Pleno y que para tramitar la evaluación de la titular del Parlamento se necesitaría la conformación de una nueva mesa legislativa ad hoc. El documento fue devuelto por “violar derechos constitucionales”, según escribió Llori.

Sin embargo, la respuesta del presidente de la Comisión es que “su pedido no tiene efecto ni consecuencia jurídica porque la comisión ya no existe”. Con ello se refiere a que una vez resuelto y remitido el informe a la Presidencia, la comisión multipartidista desaparece.

“La presidenta no tiene ninguna otra opción que convocar a sesión porque hoy feneció el plazo”, aseguró Zapata. Ante este panorama, el legislador social cristiano Luis Almeida realizó un pedido ante el juez Pedro Troya, de la Unidad Judicial de Quito, para que dejara sin efecto las medidas. El magistrado no acogió la solicitud y ratificó que se debe crear una nueva comisión.

Marlon Santi y Salvador Quishpe, miembros de Pachakutik, acudieron el 27 de mayo ante la justicia para reclamar por la participación de Pedro Calo en la Comisión, cuando el asambleísta no había obtenido la autorización ni respaldo de la agrupación política para representarlos.

Este mecanismo blindó a Llori de que la Asamblea Nacional calificara el informe que sugería su destitución por incumplimiento de funciones. La Comisión se formó luego de una denuncia presentada por Esteban Torres, que fue aceptada por el Consejo de Administración Legislativa y votada en el Pleno.