En entrevista para El Telégrafo, Sofía Vázquez, especialista de asuntos regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, explicó la decisión tomada por el Ejecutivo de objetar de manera parcial las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación aprobadas por la Asamblea Nacional.

La funcionaria indicó que, aunque fue analizada la posibilidad, no se realizó el veto total a las reformas por un hecho estratégico y confiando en que los asambleístas tomarán una buena decisión.

Destacó que dentro del veto se agregaron mecanismos de prevención y protección a los trabajadores de la comunicación e incentivos para los medios de comunicación que implementen mecanismos de regulación y se elimina la posibilidad de que el Estado actúe como una “policía de la verdad”.

El objetivo principal es “que la gente no pierda el derecho a opinar libremente”.

Vázquez adelantó que no se descartan acercamientos con los legisladores para conseguir los votos necesarios para que el Pleno acoja las recomendaciones propuestas en el veto presidencial. “Esperamos que la Asamblea también tenga esta apertura, esta colaboración (…) esto no es cuestión de partidos políticos, esto es cuestión de luchar por un país donde prime la libertad de expresión, donde prime el derechos fundamentales”, finalizó.

Cabe recordar que el veto presidencial contempla la objeción por inconstitucionalidad a 17 artículos:

• Eliminación de la “opinión" del contenido comunicacional.
• Definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión.
• Prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación.
• Definición amplia y ambigua de la responsabilidad ulterior.
• Designación a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo como defensores de audiencia.
• Poder de decisión de los consejos ciudadanos equivalente a los consejos editoriales.
• Exclusión de universidades como medios de comunicación comunitarios, y posibilidad de regirse por derecho propio.
• Adjudicación directa como modalidad de asignación de frecuencias.

Además, en la objeción parcial se veta 34 artículos, con lo que, además de otros temas, se propone:

• Suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo.
• Eliminar las sanciones a medios que consisten en participar en talleres y realizar campañas.
• Fortalecer los mecanismos de protección del trabajo periodístico.
• Mantener e incentivar mecanismos de autorregulación.
• Modificar la composición del Consejo de Comunicación y atribuciones.
• Evitar limitaciones innecesarias en la difusión de contenidos para la protección de derechos.
• Limitar la creación de medios de comunicación oficial.
• Establecer objetivos eficaces para el Sistema de Comunicación Social.
• Suprimir la obligación impuesta al Estado a conservar y crear medios públicos de comunicación.
• Eliminar censura en internet y redes sociales.
• Suprimir el llamamiento inmediato a concurso público para la adjudicación de las frecuencias

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) August 25, 2022