La emisión de nuevos salvoconductos evitará la corrupción
La emisión de nuevos salvoconductos le corresponde ahora al Municipio tras la finalización del estado de excepción; estos documentos habilitantes son necesarios ya que en la ciudad rige el esquema Hoy circula.
Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, el Gobierno autorizó 2'387.000 permisos, un número excesivo en relación a los habitantes y el parque automotor de la ciudad. Por ello, el sistema actual es más exigente.
"Los interesados deberán justificar y argumentar por qué lo necesitan, por ejemplo, si la actividad económica no está registrada en el RUC, la plataforma negará el salvoconducto”, puntualizó el funcionario.
La nueva forma de emitir estos documentos, según Abad, también evitará situaciones de corrupción. “El agente de tránsito solo tendrá que leer el código QR, será el software el que determine si el salvoconducto es válido o si está caducado”.
El rechazo a estas disposiciones, desde los sectores productivos, sigue latente y es que a criterio de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, la administración se está equivocando, ya que se quiere dar una solución a un histórico problema de movilidad, bajo el argumento de que está en juego la salud de la población.
“En este momento no están saliendo a las calles las busetas escolares, las busetas de las oficinas, los autos particulares por el teletrabajo; entonces, si el 40 por ciento de los ciudadanos no se está movilizando, en Quito no existen problemas de movilidad”.
Para Alarcón, la actual administración debería trabajar en otras soluciones, por ejemplo, pensar cómo poner operativo al Metro: definir el operador, las interconexiones y las tarifas, además de gestionar inversiones y generar fuentes de trabajo; en vez de eso. “Están hablando de perros, de ciclovías y de restricción vehicular”.
Los salvoconductos emitidos por el Gobierno estarán vigentes hasta el 31 de octubre, el Municipio ya emitió 60 mil.
Los sectores productivos no descartan la posibilidad de presentar una acción de protección constitucional antes de que finalice el plazo. (I)