El estado de excepción concluyó pero la emergencia sanitaria sigue. Así lo dispuso el ministro de Salud  Juan Carlos Zevallos, quien mediante un Acuerdo Ministerial establece que el Sistema Nacional de Salud mantenga las medidas necesarias para preservar la salud de los ecuatorianos frente a la crisis sanitaria por  la covid-19.

Las medidas se aplicarán desde hoy y tendrán una duración de 90 días.

Entre ellas están: mantener la atención permanente, de los servicios de laboratorios, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, para la atención prioritaria a la población afectada en todo el país.

El Acuerdo Ministerial señala que los protocolos, normas técnicas e instrumentos para prevenir el contagio de la población continúan vigentes y serán actualizadas de acuerdo a las necesidades.

También conformar una mesa técnica de respuesta, con representantes de la Red Pública y Privada de Salud.

Además, los establecimientos de salud continuarán con la notificación obligatoria a la Autoridad Sanitaria Nacional, a través del sistema informático, sobre los pacientes que presentan síntomas de covid-19..

El Ministerio de Salud señala que los prestadores de salud garantizarán la atención médica y la disponibilidad de los recursos necesarios para el diagnóstico y tratamiento integral a pacientes relacionados con el coronavirus.

Otra de las medidas es que los controles sanitarios en los aeropuertos del país o zonas fronterizas continuarán y deberán aplicarse a todas las personas nacionales y extranjeras.

Además, el Ministerio de Salud expedirá los lineamientos sanitarios y medidas de prevención de contagio del virus, para que las autoridades competentes procedan con las regulaciones y controles.

El Acuerdo dice que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) actualizará las regulaciones referentes a la producción nacional de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la atención de la población afectada por el SARS-CoV-2.

Además, los establecimientos pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud deberán priorizar los recursos económicos, talento humano y medidas que se estimen para combatir la propagación del virus.

También se aplicará de manera obligatoria los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, para que esas contrataciones sean transparentes y salvaguardar los recursos públicos.

El Acuerdo señala que se prohíbe a todas las empresas de seguros de salud privada y a empresas de medicina pre-pagada que limiten la cobertura para la atención y tratamiento al usuario-paciente afectado por el virus.