La Cancillería, a través de la Dirección de Protección a Ecuatorianos en el Exterior, realizó el VI encuentro binacional: Fortalezas y desafíos de la lucha contra la trata de personas, que tiene como objetivo dar continuidad al espacio de diálogo en torno a los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento para la Prevención e Investigación del delito de trata de personas y asistencia y protección a las víctimas, suscrito por los Cancilleres de Colombia y Ecuador en septiembre de 2012.

En la cita se hizo un balance de la implementación de los compromisos derivados del anterior encuentro, celebrado en febrero de 2019 y se establecieron las acciones de cooperación para el periodo 2020-2021, con el fin de fortalecer la lucha contra la trata de personas en los dos países.

En su intervención, Rosa Vásquez, directora del área de Protección a Ecuatorianos en el Exterior, dijo que “Ecuador y Colombia deben redoblar esfuerzos institucionales para asistir, proteger y reparar los daños creados por los perpetradores de este delito en los seres humanos que, lamentablemente, debido a graves condiciones de vulnerabilidad son víctimas de las bandas organizadas trasnacionales”.

En el encuentro, participaron 11 instituciones miembros del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas de Ecuador y las instituciones miembros del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas de Colombia.

El pasado 30 de julio se conmemoró el “Día Mundial contra la Trata de Personas” y, en ese contecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras entidades identifican a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes como el tercer negocio criminal más lucrativo del mundo, únicamente superado por el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas de fuego.

Entre 2017 y 2019, se registraron en el país 332 casos de trata de personas, el 60,8% de las víctimas de nacionalidad ecuatoriana, y los demás entre otros países incluyen el ,1,2%, de origen colombiano, el 0,6%, procedentes de India e igual porcentaje de Venezuela y el 0,3% de origen cubano.

De enero a junio del 2019 fueron rescatadas 25 personas, de ellas 15 son adultos.

Desde el 17 de septiembre de 2002, Ecuador es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos; entre ellos, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece en el artículo 91, una pena que oscila de 13 a 16 años para la trata de personas. Pero, según los agravantes, puede alcanzar una pena de prisión de hasta 22 años.

Mientras que en Colombia, la Fiscalía General de la Nación (FGN), recibió 188 posibles procesos de trata (en comparación con 222 procesos en 2018, 164 en 2017 y 150 en 2016), de los cuales 57 fueron priorizados e investigados por vínculos con el crimen organizado y continuaron siendo investigados al final del período examinado (55 por tráfico sexual y dos por trabajo forzado).

Las autoridades procesaron a 33 sospechosos (en comparación con 26 en 2018, 31 en 2017 y 59 en 2016), y condenaron a 19 traficantes (en comparación con 19 en 2018, 21 en 2017 y 25 en 2016), según una publicación de la Embajada de Estados Unidos en ese país.

Trata y Covid

Dado que la Covid-19 aumenta las necesidades y vulnerabilidades de las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), está preocupada porque los impactos de la pandemia también están aumentando su riesgo de ser víctimas de trata y explotación.

“Las medidas impuestas para controlar la pandemia y el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas están teniendo serias implicaciones para las personas desplazadas a la fuerza. Quienes ahora enfrentan la pérdida de medios de vida y la pobreza extrema pueden ser objetivos para los tratantes de personas que explotan sin escrúpulos y se aprovechan de sus vulnerabilidades”, dijo el pasado 30 de julio, la Alta Comisionada Auxiliar para la Protección del ACNUR, Gillian Triggs.

La trata de personas es un delito en el que una persona es engañada o atrapada en una situación de explotación para el lucro o beneficio privado de otra persona, puede adoptar diversas formas, como explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, extracción de órganos, reclutamiento forzado en grupos armados, matrimonios forzados y mendicidad forzada, entre otros.

Si bien es difícil obtener datos sobre la trata debido a la naturaleza oculta del delito, las estimaciones mundiales indican que millones de personas son víctimas de trata en todo el mundo.

“Al encontrarse fuera de sus hogares y con accesibilidad variable a servicios esenciales y redes de protección social en los países de acogida, los refugiados y los desplazados internos se encuentran entre los más vulnerables”, precisó Triggs.

“Los impactos relacionados con la COVID-19 que van desde restricciones de movimiento hasta el cierre o la disponibilidad reducida de ayuda esencial y servicios de apoyo pueden confinar a muchas víctimas, limitando su capacidad de escapar o buscar ayuda”. (I)