En la Mesa Interinstitucional sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen se centró en que los delitos de corrupción y crimen organizado serán tratados por la Unidad Especializada dedicada a estos temas. La mesa está liderada por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y se reunió la tarde de este martes, 13 de junio de 2023. 

Saquicela sostuvo que “Incluso si uno de los procesos se tramita ante un juez o tribunal de otra sección, hoy, con la vigencia de la Resolución, el juez tiene la obligación de inhibirse del conocimiento de la causa y pasar el expediente a los jueces anticorrupción”. 

En esta reunión participó el ministro del Interior, Juan Zapata. Señaló que la decisión de que estos temas sean tratados por profesionales es un soporte para la Policía Nacional. “Nosotros hemos presentado problemas en territorio que han complicado la investigación judicial, porque hay jueces que no le facilitan a la Policía órdenes de allanamiento u órdenes judiciales para seguimiento y vigilancia”. 

También explicó que la información que pueden proporcionar los jueces permite la operación adecuada de Fuerzas Armadas y Policía. Sin embargo, en varias ocasiones no ha ocurrido y la investigación se ha complicado. “Esta Resolución en el ámbito investigativo y operativo permite luchar contra el crimen organizado. Mañana haremos la socialización con los equipos investigativos que tienen relación directa con la Fiscalía para que conozcan el nuevo procedimiento”. 

“Para nosotros es una noticia alentadora tener jueces especializados en crimen organizado y corrupción, es importante para @PoliciaEcuador. Desde esta Cartera de Estado ratificamos el trabajo por la seguridad de magistrados”, @CapiZapataEC. pic.twitter.com/O2UekobrLG

— Ministerio del Interior Ecuador ?? (@MinInteriorEc) June 13, 2023

La norma 

La Resolución 7-2023, que trata sobre el tema, señala que, en caso de delitos flagrantes cometidos en cualquier parte del país, vinculados a temas de corrupción o crimen organizado, sólo los jueces anticorrupción con sede en la ciudad de Quito, podrán tratarlos. En un trabajo coordinado la Policía y la Fiscalía deberán gestionar para que los partes policiales, pedidos o procesos penales, si fuera el caso, lleguen a los magistrados antes mencionados.